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miércoles, 26 de abril de 2017

Algunas citas de “Territorio”, de Miguel Sáenz

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La separación entre casino de oficiales y suboficiales era absoluta pero…

“los niños era otra historia. La edad imponía un sistema mucho más democrático y nadie se preocupaba de quién era hijo de quién, aunque naturalmente se supiera. Durante mucho tiempo no comprendí que a nuestro padre (sin llegar a prohibírnoslo expresamente) no le gustara que sus hijos fuéramos a las fiestas del casino de suboficiales, a pesar de que… probablemente… eran mucho más divertidas. Un día mi padre me lo explicó: <<Cuando hay fiestas, hay alcohol, y es muy fácil que la gente se pase de la raya. Cualquier incidente entre un oficial y un suboficial, o entre sus familiares, puede ser delicado. La democracia no consiste en tutear a un subordinado si el subordinado no puede tutearte a ti. Ningún suboficial se atrevería a entrar en el casino de oficiales… Y el respeto tiene que ser mutuo>>”

Frase de su padre:

<<soy como un sastre que se ha pasado la vida especializándose en cortar levitas y, de repente, se encuentra con que la levita ya no se lleva>>

Sobre la función de su padre, encargado de las relaciones con la población indígena de Ifni al que planteaban “asuntos o querellas, algunas a veces inmemoriales” y

la corrupción de los políticos

“Sospecho que los recursos empleados en esas negociaciones eran la deferencia, la atención, la inteligente contraposición de opiniones y, en algún caso, un delicado regalo consistente en antiguos riales marroquíes que podían fundirse para fabricar objetos de plata de excelente ley. (Más adelante, la plata llegaba, al parecer, en láminas, de la Casa de la Moneda). Otro excelente regalo eran los pilones de azúcar, indispensables para hacer un buen té. Política indígena…. La verdad es que no sé gran cosa de política indígena y no estoy seguro de que nadie entonces supiera nada”…

“Mi padre, acostumbrado a la generosidad árabe y a su ancestral tendencia al regalo, tuvo durante toda su vida un método infalible para rechazar, sin ofender, cualquier presente: ante las protestas de amistad y desinterés del donante, mi padre decía siempre algo así como: <<Sé que tu regalo no es más que una expresión de amistad y que no hay en él ningún motivo interesado, pero mi religión es estricta: mientras ocupe el cargo que ocupo, no puedo aceptar nada de nadie. Guárdamelo: el día en que me vaya del Territorio definitivamente, me lo podrás dar y lo aceptaré encantado”

Sobre los criados del Gobernador

“El gobernador (de Ifni, el coronel Bermejo) tenía dos criados personales muy distintos: uno era el Tufos, un esclavo negro que había comprado en el Sáhara para liberarlo, pero que toda su vida se siguió considerando esclavo suyo y solo se enfadaba cuando, en alusión a sus rizadas patillas, alguien lo llamaba así, Tufos… Supe luego, o quizá entonces, que el coronel Bermejo nunca ascendió a general, a pesar de sobrarle méritos por todos lados, por el simple hecho de que su bellísima mujer norteamericana era una divorciada

Sobre su padre – general con Franco – y su tío – general republicano:

“La historia de los dos hermanos de la que quiero hablar – mi padre y mi tío Eduardo – parece ideada por algún novelista no demasiado original. Los dos, militares; y los dos, el 18 de julio, en bandos opuestos, por simple casualidad geográfica. Lo más notable es que toda la vida se quisieron mucho y que jamás discutían de política. Mi padre tuvo la suerte de estar en el bando ganador y la consecuencia fue que, aunque inválido, hizo una carrera brillante, primero en el Tánger <<español>>, luego como administrador del Territorio de Ifni y, finalmente, como interventor del Rif en Alhucemas y gobernador militar de toda una serie de ciudades españolas cuando acabó su aventura africanista.

Mi tío Eduardo, de la promoción de Franco (al que llevaba muchos puntos de ventaja), hombre culto y buen estratega (en las librerías de viejo se encuentran aún sus Reflexiones sobre el arte de la guerra), perteneció a la jefatura del Ejército Republicano de Levante y, al terminar la guerra, fue condenado a muerte por un delito de rebelión consistente en no haberse rebelado. Sin embargo, Franco cumplió la promesa, que al parecer había hecho una vez, de no permitir que fusilaran a ninguno de sus compañeros de promoción y lo indultó. Y así conoció mi tío el sistema penitenciario español en las olvidadas minas de oro de Rodalquilar en Almería. Tras cumplir una condena relativamente breve, salió de la cárcel por aplicación de alguna amnistía, pero cometió el error de participar en una conspiración contra el régimen. Volvió a ser condenado a muerte, y Franco, siempre en sus trece, lo volvió a indultar. Entonces mi tío fue a parar a Cuelgamuros, el lugar donde los presos políticos levantaban el conjunto monumental del Valle de los Caídos. Tuvo la suerte de poder trabajar en la biblioteca de los benedictinos encargados de la basílica, y en un par de años redimió la pena con su trabajo y quedó libre. Sin embargo, cuando volvió a la vida civil, ya era un hombre acabado.

La historia es tan esquemática que casi parece falsa, pero no lo es. Y la pregunta inmediata es: ¿qué habría ocurrido si la suerte hubiera invertido los papeles? La respuesta me parece clara: una guerra civil es, en gran parte, una partida de dados”

En fin, sobre la vejez

“Una de las experiencias más triste de mi vida fue… ver a mi padre ya jubilado, en alguna cafetería madrileña, resolviendo sin pausa crucigramas. No leía casi: pretendía que cualquier libro nuevo se le olvidaba a la media hora, y que en realidad le hubiera dado igual leer siempre el mismo libro”.

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martes, 25 de abril de 2017

Un estudio experimental sobre el remedio eficiente para el incumplimiento contractual

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Maderuelo by @thefromthetree

La doctrina del “efficient breach of contracts” – el incumplimiento eficiente de un contrato – afirma que, cuando el coste para el deudor de cumplir el contrato excede el beneficio que el acreedor recibe del cumplimiento, el Derecho debe permitir al deudor incumplir. Veámoslo con un ejemplo. El deudor ha prometido construir una casa y, entre la celebración y la ejecución del contrato, los precios de los ladrillos se multiplican por diez. El acreedor valoraba la casa en 100 y había prometido pagar al constructor 90 (la ganancia esperada del contrato) y el coste de construirla con el nuevo precio del ladrillo para el constructor es de 150. En tal caso, lo que maximiza el bienestar general – el del conjunto de los que intervienen en la transacción suponiendo que no hay efectos externos – es que el deudor incumpla y no construya la casa en nuestro ejemplo, limitándose a pagar 10 al acreedor, esto es, dejando al acreedor exactamente igual que estaría si la casa se hubiera construido. Los autores comienzan explicando extraordinariamente bien por qué esta doctrina tan “sensata” ha recibido la crítica de los moralistas. Porque

“existe una sutil tensión entre el punto de vista económico y el punto de vista moral. Ambas perspectivas consideran que el incumplimiento de una promesa es excusable en al menos un subconjunto de casos en que el beneficio social neto del incumplimiento es suficientemente grande... Sin embargo, no siempre se ponen de acuerdo sobre las condiciones límite en las que el incumplimiento ha de ser lícito. Asumiendo la maximización de la riqueza de Kaldor-Hicks, el análisis económico estándar sostiene que si el deudor gana más que lo que el acreedor pierde como consecuencia del incumplimiento, la norma legal que permite el incumplimiento y ordena el pago de una indemnización de daños y perjuicios, es la regla eficiente… en la medida en que esta indemnización se fije en tal cuantía que cubra perfectamente los daños sufridos por el acreedor. En tal caso, sería también una mejora de Pareto porque tras su aplicación, alguien estaría mejor (el deudor) sin que nadie esté peor (el acreedor es compensado perfectamente por el deudor). Por el contrario, los filósofos deontológicos del derecho contractual consideran que los individuos tienen el deber moral de mantener sus promesas como un principio fundamental de los contratos y que este deber no puede ser limitado o sustituido por un cálculo de costes-beneficios”

Los autores tratan de comprender esta discrepancia y la atribuyen a que, para un individuo normal (ni un jurista ni un economista ni un moralista), que el deudor incumpla el contrato ante semejante aumento de los costes es más perdonable cuando el deudor está tratando de evitar una pérdida que cuando está intentando lograr un lucro. Sólo en el primer caso, nuestro honrado padre de familia aceptaría dar la razón al deudor que se niega a cumplir. Y, para que se vea la distinción, ponen un ejemplo magnífico que tiene que ver con la inducción a la infracción contractual y con la tutela aquiliana de los derechos de crédito:

Imagínese que dos empresas alquilan un restaurante para celebrar la reunión anual de sus empleados. En el primer supuesto de hecho, los dueños del restaurante tratan de cancelar la reserva porque el jefe de cocina ha desaparecido, de modo que piden a la empresa que dé por resuelto el contrato ofreciendo una compensación. Reemplazar a toda prisa al cocinero desaparecido es irrealizable en términos prácticos sin un elevado desembolso por parte del restaurante. En el segundo supuesto, sin embargo, los dueños del restaurante quieren resolver el contrato con la empresa porque han encontrado otro grupo que está dispuesto a pagar sustancialmente más por alquilar el restaurante y celebrar su evento en él en la misma fecha.

Si hiciéramos una encuesta entre legos en Derecho, es probable que la mayoría excusara el incumplimiento del restaurante en el primer caso pero no en el segundo. Los autores hacen algo más: un experimento de laboratorio donde sujetos reales son enfrentados a situaciones de este tipo y reciben recompensas monetarias reales que varían en función de la decisión que adoptan. El resultado es que los legos tienen razón: el acreedor exige una indemnización mayor para aceptar la resolución del contrato cuando el deudor persigue, con la resolución, la obtención de un beneficio (alquilar el restaurante a la otra empresa) que cuando el deudor trata de evitar la producción de una pérdida (la desaparición del cocinero y la necesidad de contratar urgentemente, o sea, en “estado de necesidad”).

Que los moralistas se quejen de que esta explicación es insuficiente (“si el derecho a incumplir en estos casos refleja verdaderamente las preferencias de las partes contratantes… cómo se explica el rechazo mayoritario de la tesis del incumplimiento eficiente, incluso aunque se garantice una compensación completa del acreedor”) no es una objeción. La regulación de los supuestos en los que el deudor querría no cumplir y el acreedor estaría dispuesto a aceptar la indemnización es muy costosa y genera conductas estratégicas por ambas partes. El deudor no querrá revelar que está esperando una oferta mejor y que hay algún riesgo de que su cocinero desaparezca y el acreedor no querrá inducir al deudor a buscar a otro cliente o, lo que es peor, no querrá arriesgarse a que no se le indemnice completamente y exigirá una sobreindemnización, esto es, impondrá al deudor una cláusula penal que, como su nombre indica, destroza la eficiencia del incumplimiento en primer lugar.

El primer argumento utilizado históricamente contra la doctrina del incumplimiento eficiente era el de que la indemnización de daños casi nunca es completa pero, como dicen los autores, esto no explica los resultados de su experimento, esto es, la diferencia entre el objetivo del que pretende incumplir. Tampoco parece que los argumentos psicológicos (sensación de ser traicionado) tengan mucho valor.

Los autores plantean la cuestión en términos de discrepancia entre la valoración económica de la conducta del deudor y la valoración ética. Pero quizá puede ensayarse una explicación mejor que se entiende si recordamos que, en los Derechos europeo-continentales, a diferencia del Derecho norteamericano, el contrato no es el derecho a recibir una suma de dinero si la otra parte incumple. La regla general es que el acreedor contractual tiene derecho a exigir el cumplimiento específico. En nuestro ejemplo, a que el constructor construya la casa. En el caso del restaurante, a disponer del espacio del restaurante y de la comida correspondiente el día y la hora pactados. Un juez alemán, danés o español podría condenar al restaurante a poner a disposición de la empresa el local del restaurante y a servir la comida correspondiente y el acreedor podría obtener una medida cautelar con ese objeto si encontrar un local sustitutivo fuera muy difícil.

Desde esta perspectiva, la aparición de un tercero – en el ejemplo del restaurante, la nueva empresa que quiere alquilar el local – genera una posibilidad de ganancia que, de acuerdo con el contrato, ha sido atribuida ya por las partes al acreedor. El deudor – diríamos – al prometer el cumplimiento específico de su promesa,

ha asignado al acreedor el derecho a decidir qué se hace en el caso de que aparezca un tercero

que ofrece más. En los casos en los que – como el ejemplo de la construcción de la casa – es un shock ajeno a las partes y al equilibrio económico pactado en el contrato el que provoca las pérdidas del deudor si, no obstante, se le exige cumplir el contrato, no podemos decir lo mismo. Las partes no han asignado ese “activo” (ese pasivo) a ninguno de ellos en el momento de contratar, de modo que se recurre por el Derecho a doctrinas como la rebus sic stantibus para resolverlos. De ahí que la doctrina económica plantee la cuestión, en estos últimos casos en términos de incompletitud del contrato y de voluntad presumible de las partes acerca de cómo rellenar la “laguna”. De modo que, en el caso de aparición de una posibilidad de ganancia, la indemnización de daños como remedio contractual no tiene sentido porque, o bien coincidiría – como mínimo – con toda la ganancia que espera obtener el del restaurante del mayor precio que está dispuesto a pagar por el evento la nueva empresa, en cuyo caso, el deudor no tiene incentivos para incumplir (ni siquiera para escuchar nuevas ofertas para esa fecha) o no compensaría completamente al acreedor (si el precio de reserva de éste, o sea la utilidad que espera extraer de celebrar el evento ese día en ese lugar, es mayor que el precio que está dispuesto a pagar el tercero) porque sólo el acreedor sabe cuál es esa utilidad. De ahí que, en tal caso, inducir a la renegociación por parte del deudor es la estrategia adecuada sólo si hemos asignado el derecho al cumplimiento específico al acreedor. El deudor podría estar aceptando ofertas de terceros “ineficientes” en la medida en que el precio pactado con la nueva empresa sea inferior al precio de reserva (a la utilidad que espera obtener) del primer acreedor.

Y, si es así, en realidad, no hay contradicción entre el análisis económico, el jurídico de los legos, el moral y el incorporado a las normas de Derecho Privado. También el Derecho Civil distingue entre si el deudor pide la resolución y que no se le fuerce a cumplir el contrato en sus propios términos para evitar sufrir una pérdida cuantiosa o lo hace para apropiarse en exclusiva de una oportunidad de ganancia que se ha revelado tras la celebración del contrato. En el primer caso se aplica la doctrina rebus sic stantibus y en el segundo se exige el cumplimiento específico y en sus propios términos del contrato y la indemnización de daños se extiende (art. 1107 II CC) “a todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación” como deudor doloso que debe ser considerado el dueño del restaurante.

El valor del trabajo que comentamos consiste, precisamente, en darse cuenta de que ese es el criterio correcto de distinción y en diseñar un experimento para indicar que, efectivamente, las soluciones legales se corresponden con la “voluntad hipotética” de las partes.

Bigoni, Maria and Bortolotti, Stefania and Parisi, Francesco and Porat, Ariel, Unbundling Efficient Breach: An Experiment (December 1, 2016)

lunes, 24 de abril de 2017

La generalización de Uber y la individualización de los riesgos

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Biblioteca Nacional Francia

Uber ha creado un nuevo sector social (en EE.UU. son 400.000): el de trabajadores sin cualificación que no reciben la protección frente a los riesgos de la vida que sus semejantes – otros trabajadores sin cualificar – reciben a través del contrato de trabajo. Al no poder proporcionarles ingresos superiores a los que puede obtener un trabajador manual por cada hora de trabajo, los ha lanzado al mundo de la Economía informal, ese mundo tan extenso en los países en vías de desarrollo pero que los países desarrollados habían reducido a la marginalidad. Con ello, la extensión del modelo de negocio de Uber genera el riesgo de sobrecargar el sistema público de protección social condenando a un número cada vez mayor de individuos a depender de la solidaridad social para completar los ingresos que les proporciona el mercado.

El autor se refiere a los riesgos de la vida que, en nuestras Sociedades, se cubren a través o con ocasión del trabajo: la asistencia sanitaria – riesgo de padecer una enfermedad grave – el riesgo de supervivencia – que vivamos más que lo que nos duran nuestros ahorros – y el simétrico de que muramos sin haber podido gastarlos - el riesgo de incapacidad – que no podamos generar ingresos con nuestro trabajo – y el riesgo de productividad – que nos pase algo que haga que, en un período de tiempo no rindamos a nuestro nivel normal (una migraña) o que las condiciones del mercado hayan provocado una disminución significativa del “precio” que recibimos por nuestro trabajo (el revisor en los autobuses o el conductor de diligencias cuando aparece el automóvil pero también el gasolinero de un pueblo cuando se construye una autopista que, naturalmente, no pasa por el pueblo). Hay un riesgo que no veo mencionado en el trabajo que estoy comentando y es que el mercado no pague por nuestro trabajo en determinados momentos más de lo que imprescindible para llevar una vida buena –. Teóricamente, si el mercado laboral es competitivo, esto no puede ocurrir porque si el trabajo no da para comer, los trabajadores no ofrecerán su fuerza de trabajo.

La cobertura colectiva de riesgos y, en particular, ligándola a la relación laboral es una forma eficiente de asegurar a una población (porque las familias de los trabajadores quedan indirectamente aseguradas) si, como hemos dicho, el trabajo por cuenta ajena está generalizado y constituye la ocupación de la inmensa mayoría de la población adulta de un país. Añádase que la relación laboral permite mantener reducidos los “costes” del seguro maximizando así la eficiencia del mecanismo de seguro y reduciendo los obstáculos que plantean la selección adversa y el azar moral. La cuestión relevante en el caso de Uber es el problema de la selección adversa. Si no se obliga a todos los trabajadores por cuenta ajena de un país a asegurarse en condiciones homogéneas, el mercado asegurador colapsa y no hay una prima que permita a la compañía de seguros cubrir los riesgos de todos los sometidos a ellos.

El problema mayor de ligar la cobertura de los riesgos de la vida a la prestación de trabajo es que “encarece” el trabajo y reduce, por tanto, la demanda de trabajo por parte de las empresas o, en términos simples, un país que utilice este sistema para cubrir los riesgos vitales de sus ciudadanos tendrá, ceteris paribus, un nivel de paro mayor (España) que otro que disocie ambos y, por tanto, “abarate” el precio de la mano de obra (EE.UU.). Por eso, los primeros transfieren, cada vez más, la cobertura de algunos de esos riesgos (asistencia sanitaria, longevidad) a los presupuestos del Estado, es decir, los financian a base de impuestos que se cargan sobre toda la población y no sólo sobre las empresas y los trabajadores.

Si el Estado no obliga a todos a asegurarse, aquellos que tengan un menor o más lejano riesgo de caer enfermos o de sobrevivir a sus ahorros (jóvenes), simplemente, no se asegurarán porque la prima que se les exige – calculada teniendo en cuenta el riesgo de enfermedad o de longevidad de toda la población – es excesiva y supera la utilidad que esperan obtener de la contratación del seguro. El problema del azar moral es menos relevante en relación con estos grandes riesgos de la vida porque el individuo tiene los incentivos para no caer enfermo ni para matarse – suicidio – antes de que se le acaben los ahorros que hizo para la vejez. No tanto así con la incapacidad transitoria de obtener ingresos suficientes. La cobertura colectiva del riesgo de productividad está especialmente justificada por el hecho de que la productividad individual depende, en buena medida, de la lotería genética y social. Una cifra que siempre me ha impresionado es que trasladar a un campesino a trabajar en una fábrica multiplica su productividad por cuatro y que lo propio ocurre cuando un individuo del tercer mundo pasa a vivir en un país desarrollado. Pero, en todo caso, la propia existencia de una relación laboral de duración indeterminada asegura al trabajador frente al riesgo de la volatilidad de sus ingresos al trasladarlo al empleador que, a través del salario, le proporciona ingresos más o menos fijos y más o menos constantes.

Tras el velo de la ignorancia, todos estaríamos de acuerdo en organizar la vida social de forma que se cubrieran colectivamente todos esos riesgos. Los humanos tenemos conciencia de ello porque, al vivir desde muy tempranamente en grupos, apreciamos intensamente de qué forma la pertenencia al grupo nos permite protegernos mejor frente a los riesgos generales de la vida.

El modelo de negocio de Uber representa justo lo contrario: desplazar la cobertura de todos esos riesgos a individuos que no están en buenas condiciones de asegurarse, no porque no exista un mercado de seguros, sino porque no son buenos “sujetos asegurables” dado lo magro de los ingresos que pueden obtener y la elevada probabilidad de sufrir los “siniestros” (ponerse enfermos, no ahorrar lo bastante para la vejez, tener “malos” días en la captación de clientes, que aumente el número de coches disponibles en su zona; elevación de los costes de su actividad – gasolina, seguros, accidentes -) sobre cuyo acaecimiento no tienen ningún control.

Y nos dice el autor que el número de empresas sin trabajadores ha venido aumentando en los últimos años (rectius, la ratio de empresas con empleados vs. empresas sin empleados ha venido reduciéndose) lo que está provocando un desaseguramiento masivo de los individuos respecto de los riesgos indicados. El mercado es tan potente, sin embargo, que hay alguna esperanza. El autor nos cuenta que Juno, un rival de Uber, ha organizado su negocio configurando a los conductores como empleados. Nosotros hemos propuesto una solución mejor pero difícil de que surja espontáneamente en el mercado por los elevados costes de coordinación: la mutua. No nos olvidemos, la Revolución Industrial supuso una individualización masiva de los riesgos a los que estaban sometidas las personas, riesgos cubiertos por el grupo – rural – y cuya cobertura desapareció. Tuvieron que pasar cincuenta años para que la Sociedad comprendiera que había que sustituir la solidaridad del grupo por un sistema de cobertura organizada de los riesgos a los que estaban sometidos los trabajadores que pasaron, en masa, del campo a las fábricas en el siglo XIX. En una época en la que los trabajadores sin cualificar sufren un enorme riesgo de quedar al margen, lo último que deberíamos hacer es promover la organización de su trabajo de forma que ni siquiera dispongan de cobertura frente a los riesgos generales de la vida.

Daniel J. Hemel Pooling and Unpooling in the Uber Economy

jueves, 20 de abril de 2017

La regla supletoria eficiente

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Foto: @thefromthetree

Los autores del trabajo que comentamos ensayan la posibilidad de establecer algunos – los mínimos posibles – criterios para determinar cuál es la regla supletoria eficiente. Es decir, los criterios conforme a los cuales el legislador debería establecer, por ejemplo, si el vendedor ha de responder de los vicios ocultos que tenga la cosa frente al comprador. O si el distribuidor tiene derecho a una compensación por clientela a la terminación del contrato; o si el vendedor de una empresa tiene un deber de abstenerse de competir con el que le ha comprado su empresa o si las arras deben considerarse, a falta de pacto, confirmatorias o penitenciales. Enuncian dos criterios que – como veremos – pueden compartirse y que, como también veremos, ayudan a confirmar la interpretación correcta de la Directiva de cláusulas abusivas y la inaplicación de su régimen jurídico a las cláusulas predispuestas que se refieren al objeto principal del contrato. Como veremos inmediatamente, Paz-Ares había tratado estos temas – llegando a conclusiones más elaboradas pero semejantes – en un trabajo de hace más de 20 años.

El primer criterio que proponen los autores es el de minimizar los costes de derogar la regla. Esto conduce a elegir, como regla supletoria, la que la mayoría de la gente adoptaría en sus contratos si hubiera tenido tiempo e incentivos para pensar en ella (“a default rule that induces opt out by the fewest people and reduces the waste of contracting out”). Esta es la función fundamental del Derecho supletorio: reducir los costes de contratar proporcionando a las partes un “modelo” de contrato que las partes puedan “rellenar” limitándose a establecer la cantidad.

lunes, 17 de abril de 2017

Interferir en las elecciones francesas

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Foto: Maderuelo by @thefromthetree

El presidente alemán ha hecho unas declaraciones en las que advierte a los franceses de los riesgos para Francia de votar a Le Pen y a Melenchon, esto es, a candidatos antieuropeos. Y en twitter, @AlanTonelson se ha preguntado si “¿no es esto un ejemplo de interferencia de un país en las elecciones de otro país?”. A esta pregunta, yo contesté inmediatamente “No” y Tonelson me respondió que no le parecía una respuesta muy convincente. Así que creo que debo dar una respuesta más larga aunque el simple “no” me parece convincente. Me parece obvio que el presidente alemán no está interfiriendo en las elecciones francesas. Contesté a Tonelson pero ahora Branko Milanovic – uno de mis favoritos – ha dicho que le gusta la respuesta de Tonelson, así que, por mi honor, que me siento obligado a dar alguna explicación más.

domingo, 16 de abril de 2017

La Directiva de cláusulas abusivas no permite declarar abusivo el art. 1535 CC

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Iglesia Sta María, Maderuelo foto de @thefromthetree

Véase el Auto de 8 de septiembre de 2016 en el que inadmite una cuestión prejudicial simplemente porque no está seguro de conocer bien qué dice el Derecho español al respecto (en concreto, respecto de la interpretación que procede del art. 1108 CC – mora – y la sentencia del Tribunal Supremo que estableció el límite a los intereses moratorios legítimos. Y este otro Auto de 5 de julio de 2016 en el que el TJUE nos aclara que no empezará a declarar abusivas y contrarias a la Directiva las normas del Código civil o de Comercio.
Con sus cuestiones, que es oportuno examinar conjuntamente, el Juzgado remitente pregunta en sustancia si la Directiva 93/13, en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que

“No se podrá servir alcohol a menos de 500 metros del linde de una carretera”

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Así que, según cuenta el India Times, el dueño de un bar construyó este laberinto que obliga a los clientes a recorrer una distancia de 500 metros si parten de la carretera para llegar al bar. Dice Alex Tabarrok que no estamos ante un fraude de ley (cumplir con la letra de la norma pero infringirla porque no se atiende al objetivo que llevó al legislador a ponerla en vigor)
“Here is one case where obeying the letter of the law is producing the spirit of the law”
¿Cuál puede ser la finalidad de una norma que prohíbe que haya bares a menos de 500 metros de distancia de una carretera? Si es reducir el consumo de alcohol por parte de los conductores, el ingenioso mesonero de Kerala habría cumplido con la letra y con el espíritu de la norma porque, efectivamente, hay que recorrer 500 metros para acceder al bar.

La coexistencia entre la Economía comercial y la de subsistencia: la moneda era distinta

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“Shubat-Enlin estaba vinculada con otras ciudades mesopotámicas tanto por el comercio y las finanzas como por la política y la religión. De hecho, las últimas siguieron, probablemente a los primeros. La tierra de Apum donde está situada Leilan era una parada importante en el comercio de plata… La relevancia del comercio de Assur… no estriba simplemente en que existiera una extensa red comercial (entre las ciudades mesopotámicas y de Oriente Medio), sino más bien que la plata se considerara un insumo esencial de la vida económica. Mesopotamia necesitaba dinero tanto como necesitaba alimento, vestido y alojamiento. 
Aunque tendemos a pensar en los metales preciosos como <<bienes de lujo>> … parece que fue precisamente la asignación aparentemente arbitraria de prestigio al oro y la plata lo que hizo que fueran tan útiles como monedas. La utilidad particular de la plata como moneda o como unidad de cuenta es que se aceptaba generalizadamente en el antiguo Medio Oriente como dinero. Su valor era mundial, no local. Permitió que ciudades distantes entre sík, aunque fueran enemigas, pudiera interactuar económicamente. El cereal era la moneda local, en el marco de un sistema económico basado en la familia que producía y distribuía bienes básicos para la subsistencia localmente. Por el contrario, la plata era el medio de intercambio que conectaba las ciudades de Mesopotamia con el resto del mundo

Hagamos los experimentos con gaseosa, pero hagámoslos

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Carmena y Colau quieren traer refugiados a sus municipios. Han puesto carteles y reprochado al gobierno central su raquítica política al respecto. Pero si uno pasea por las calles de Madrid, no pasan cien metros sin ver pedigüeños. Todas las esquinas de Chamberí tienen uno. Leo que hay un poblado chabolista cerca del río Manzanares y que Vallecas tiene edificios enteros abandonados y “okupados”. Carmena quiere acoger a miles de refugiados pero no ha dado pruebas de que el Ayuntamiento de Madrid sea capaz de gestionar la atención e integración de unos pocos cientos.

Los políticos, en general, sólo hablan (no piensan) en grande. De soluciones definitivas a enormes problemas. Y no dan ni una prueba de ser capaces de resolver los fenómenos a pequeña escala de esos enormes problemas. Proponen soluciones óptimas sin haber demostrado que tienen los medios y la organización para implementarlas. ¿Por qué es siempre mejor regalar dinero a los pobres que organizarles la vida? Simplemente porque nuestras administraciones públicas no son capaces de organizar la vida a nadie. Pero repartir dinero es fácil. Por eso el INEM no consigue colocar ni a un parado pero los parados cobran el subsidio el día primero de cada mes. No se hacen políticas activas de empleo porque son muy difíciles de ejecutar eficazmente. Recuérdese lo de Delphi. Millones despilfarrados y corrupción. Ese es el resultado de las “políticas activas” cuando las llevan a cabo las Administraciones públicas. No hablemos ya de las obras públicas (con la transferencia de riesgos del sector privado al sector público que nos ha costado miles de millones).

domingo, 9 de abril de 2017

Los humanos son aversos a la desigualdad, no sólo a la injusticia

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“No hay evidencia empírica, hasta ahora de que la gente tenga aversión a la desigualdad por sí misma… en nuestra opinión, la percepción según la cual hay una preferencia por la igualdad proviene de poner el foco excesivamente en entornos especiales, a menudo estudiados en el laboratorio, en donde la preocupación de los individuos por la justicia (fairness) y la igualdad coinciden. En la mayor parte de las situaciones, sin embargo, incluyendo las distribuciones de riequeza en el mundo real, la preocupación de los individuos por la justicia del reparto les lleva a preferir distribuciones desiguales”.
Es decir, los humanos tendríamos, no aversión a la desigualdad, sino aversión a la injusticia. Los autores repasan los numerosísimos estudios que indican lo contrario a lo que sostienen: que los humanos estamos dotados por la evolución con una aversión a la desigualdad que se manifiesta incluso cuando todos estaríamos mejor repartiendo desigualmente los productos del trabajo en común o maná caído del cielo hasta el punto de que castigamos – a un coste para nosotros – a los que distribuyen desigualmente (como en los juegos del dictador o del ultimatum). En el blog hemos reseñado algunos de estos estudios (v., entradas relacionadas). Pero, añaden, hay también un buen montón de estudios que indican que cuando a la gente se le pregunta (pidiéndoles que se coloquen tras el velo de la ignorancia respecto de si les tocará estar entre los más pobres o entre los más ricos) por la distribución ideal de la riqueza en la Sociedad, prefieren una distribución relativamente desigual. De ahí deducen que “cuando se trata de distribuir la riqueza en el mundo real” la gente tiene una cierta preferencia por la desigualdad. Y se preguntan “¿Cómo pueden cohonestarse esta preferencia por la desigualdad en el mundo real con una preferencia robusta por la igualdad en los estudios de laboratorio?”

¿Cómo determinarmos el valor de algo cuando no hay buenos precios?

Ocre @lecheconhiel                
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“Una de las ventajas de los modelos simples es que, incluso aunque se demuestre que son falsos, nos proporcionan constructos que son fáciles de entender y de manipular” y con ellos aumentan nuestro conocimiento y nuestra habilidad para manejar otros modelos que, estos sí, pueden ajustarse a la realidad y explicar bien los fenómenos sociales”.

¿Cómo atribuímos valor a una información? Si lo hacemos como atribuimos valor a cualquier otro bien o servicio, recurriremos a la disposición a pagar de la gente. Una información vale lo que la gente está dispuesta a pagar por ella. Este criterio es el de mercado y requiere de un sistema de precios que funcione razonablemente bien. Lamentablemente no hay precios para cada unidad de un bien o servicio que, sin embargo, está disponible para ser usado por la gente. Con la información, por su carácter de “bien público” (el que produce la información no puede retener todos los beneficios de la misma y, por tanto, no puede reclamar un precio que se aproxime a esos beneficios) los precios no son buenos, así que hay que ensayar otra forma de medir el valor de la información.

sábado, 8 de abril de 2017

Los enormes beneficios que cabe esperar de la proliferación de las mentiras gracias a internet

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Aprende a amar los sesgos de nuestra racionalidad

Andrew Odlyzko (imagen de wikipedia) ha publicado un texto en Ubiquity que parece una provocación. Quizá me esté engañando, él también, pero prefiero creer que no. Es un panfleto para que dejemos de preocuparnos por lo que no podemos ni debemos controlar: la proliferación de las mentiras y del griterío de la sinrazón en internet a través, sobre todo, de las redes sociales, o sea, de Facebook, Twitter y los blogs. Dice Odlyzko que esto es lo que cabía esperar de las sociedades humanas, tal como los individuos que las forman han sido forjados por la evolución y que ser como somos nos ha traído hasta aquí e internet no va a hacer que nos autodestruyamos.

El desarrollo humano ha sido una lucha de milenios por liberarnos de las constricciones que nos imponía el entorno: los depredadores, el clima y los otros miembros de nuestra especie. Nos dice que había utópicos que pensaban que Internet daría lugar a una nueva Ilustración porque todos podríamos hablar con todos y todos tendríamos acceso a toda la información y de esa “comunidad de diálogo universal” (Habermas) saldría una sociedad ilustrada y justa. Y esos ilusos están ahora deprimidos porque proliferan las informaciones falsas y los discursos antisociales. Además, los cafres hablan entre ellos y sólo con los de su tribu, lo que conduce a la polarización de la sociedad y a la ausencia de un “nosotros” que – creían los optimistas ilustrados – acabaría abarcando toda la Humanidad (véase “El arca moral” o las cosas que ha venido diciendo Pinker).

viernes, 7 de abril de 2017

¿Cómo es posible que tantos juristas y economistas confundan sociedad y empresa?

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Foto: Oporto, @thefromthetree
La “teoría de la empresa” ha sido formulada por los economistas a partir de los trabajos de Coase, Alchian, Demsetz, Hart y Jensen & Meckling entre otras lumbreras. Los juristas que la han utilizado para analizar el Derecho de Sociedades, especialmente, en el ámbito anglosajón y los trabajos publicados por los economistas adscritos a escuelas de negocio, parecen confundir sistemáticamente el contrato de sociedad y la organización que genera – la corporación – con la empresa. Se me dirá que no es verdad que nadie confunda a la corporación con la empresa. Pero tengo muchos ejemplos. En realidad, buena parte de la discusión sobre el interés social y sobre la responsabilidad social corporativa está enfangada en esa confusión. Ahora sólo recordaré tres (pero podría citar muchos otros, lean por ejemplo, a Bratton). Uno es nada menos que John Kay en este artículo. Otro es Collins en su libro “Firm Commitment” que recensioné aquí y aquí. Y el tercero es Bainbridge.

El “¿qué hay de lo mío?” y la ineficiencia del Estado del bienestar español

1948

Los expertos en pobreza se quejan a menudo de que el Estado español del bienestar es muy poco redistributivo. Hace pocos días, Victor Lapuente volvió a llamar la atención sobre este hecho y Pau Mari-Klose  y otros sociólogos y economistas llevan años señalándolo. Nuestros pobres son los más pobres de Europa no porque aquí se paguen menos impuestos, sino porque el Estado gasta el dinero de los impuestos de forma que reduce poco la desigualdad de ingresos. No me refiero ahora a las deducciones fiscales que hacen menos progresivo de lo que aparenta a nuestro sistema fiscal.

El caso de las tasas universitarias es un ejemplo evidente: a la universidad no van los más pobres, de manera que el gasto público en subvención del coste de las universidades beneficia a los que están en los deciles más altos de renta o, en todo caso, no a los que están en los deciles más bajos. Las pensiones producen el mismo efecto (la cuantía de la pensión pública depende de los ingresos durante la vida laboral de manera que reciben más pensión los trabajadores con sueldos más altos en activo).

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