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sábado, 16 de julio de 2011

La defensa del socio y la función de la impugnación de los acuerdos sociales

Cuando la minoría ejercita la acción social de responsabilidad, es evidente que está defendiendo el interés del grupo – el interés social – frente a los administradores que, incumpliendo sus deberes, han causado daño al grupo. Cuando un socio ejercita una acción de impugnación de acuerdos sociales ¿está defendiendo el interés del grupo frente a la mayoría? ¿o está defendiendo su propio interés?
Una descripción en términos de paralelismo llevaría a contestar afirmativamente a la primera pregunta: la impugnación de acuerdos sociales, para la que está legitimado cualquier socio, es una acción en defensa de la legalidad y del interés social (acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos o al interés social art. 204 LSC). De ahí el paralelismo: la acción social de responsabilidad permite al socio proteger el interés social frente a conductas dañinas del administrador; la impugnación de acuerdos sociales permite al socio proteger el interés social frente a conductas dañinas de la mayoría.
Este paralelismo apoyaría la lectura del art. 204 LSC como un numerus clausus. Los acuerdos sociales que beneficien a la mayoría y perjudiquen a la minoría pero no perjudiquen el interés social no podrían ser impugnados. La solución: calificarlos como abusivos (o, en nuestra opinión, como una infracción por el socio mayoritario de su deber de lealtad hacia la minoría).
Pero este análisis deja al socio indefenso. ¿Cómo se protege el socio frente a las actuaciones de sus consocios o de los administradores que le perjudiquen? La llamada acción individual de responsabilidad le autoriza a demandar a los administradores que le hayan perjudicado (el administrador que se niega a pagarme el dividendo o no me comunica que un socio quiere vender su participación a un tercero existiendo en los estatutos un derecho de adquisición preferente del que somos todos los socios beneficiarios). Pero, ¿frente a las actuaciones de la Junta?
Pues bien, frente a las actuaciones de la Junta, el mecanismo de defensa es la impugnación de acuerdos sociales. Esta conclusión se ve oscurecida porque muchas de las normas legales o estatutarias cuya infracción permite anular el acuerdo social son normas que atribuyen derechos a los socios. Por ejemplo, el derecho de voto, el de información, el de asistencia, el derecho al dividendo, el derecho a la cuota de liquidación, el derecho de representación proporcional en el Consejo de Administración…De este modo, la infracción de una norma – legal o estatutaria – que atribuye un derecho al socio permite la impugnación del acuerdo correspondiente.
Ergo, la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales es un instrumento para la defensa del socio, de sus derechos e intereses en la sociedad, derechos e intereses que están recogidos en normas legales y estatutarias cuya infracción legitima la anulación del acuerdo. No es una acción – la de impugnación – que se otorgue al socio para que defienda la legalidad de la vida societaria. Es una acción que se le otorga para hacer efectivos sus derechos como contratante, como socio, derechos derivados directamente del contrato social – de los estatutos – y, a falta de pacto, de la Ley.
Este planteamiento permite explicar perfectamente la referencia del art. 204 LSC al interés social como motivo de impugnación de los acuerdos sociales. El interés social no es mas que una directiva de integración del contrato social como lo es la referencia a la buena fe y a los usos en el art. 1258 CC: si el contrato de sociedad fuera completo, habríamos previsto cómo deben actuar los órganos sociales – singularmente la Junta – en cualquier situación. Como no se puede hacer tal cosa, nos limitamos a poner en marcha una organización atribuyendo competencias (quién decide qué) y damos una directiva general de comportamiento a los órganos a los que se atribuyen tales competencias: haz lo que habríamos hecho todos de común acuerdo si hubiéramos previsto este estado del mundo cuando celebramos el contrato de sociedad. Es, pues, coherente con la impugnación por infracción de la Ley o de los estatutos: la referencia al interés social completa la protección de los derechos del socio extendiéndola no solo a los derechos reconocidos en la Ley y en los Estatutos sino también a los que se derivarían de una correcta integración del contrato social.
Así, la referencia al interés social da cobertura y permite el desarrollo judicial del Derecho de Sociedades concretando los derechos y deberes de los socios del mismo modo que la integración de los contratos por los jueces permite la creación de reglas que acaban siendo consideradas usuales o que son incorporadas a la legislación que regula el contrato correspondiente.
Por ejemplo: el legislador obliga a que los beneficios se repartan, a falta de privilegios, a prorrata de la participación de cada socio en el capital social. Un acuerdo de reparto de beneficios que prevea un reparto desigual de los beneficios sería impugnable por contrario a la Ley. Si un socio impugna el acuerdo sería muy formal decir que está defendiendo la legalidad de la vida social. Está defendiendo su derecho como contratante a que las ganancias del acuerdo se repartan de acuerdo con lo pactado.
El legislador podría haber establecido un derecho del socio al reparto de dividendos si hay beneficios. En tal caso, un acuerdo social por el que se reservaran los dividendos podría ser impugnado por contrario a la Ley. A través de la cláusula general que prohíbe el abuso de derecho – rectius, el deber de lealtad de los socios entre sí que es equiparable a la referencia a la buena fe en el art. 1258 CC – podemos “formular” una regla sobre el reparto de dividendos que dijera: “la mayoría decide sobre si se reparten los beneficios o se reservan (de hecho eso es lo que dice el art. 164 LSC), ahora bien, al decidir sobre esta cuestión, la mayoría ha de actuar teniendo en cuenta los intereses de los socios minoritarios y sus expectativas razonables al ingresar en la sociedad de <<repartir las ganancias>> entre los socios de forma que queda prohibido el atesoramiento injustificado de los beneficios”. Una norma que dijera algo así – en la Ley o en los Estatutos – provocaría que el acuerdo de atesoramiento injustificado fuera impugnable por contrario a la Ley o a los Estatutos. Como no lo está – todavía – corresponde a los jueces, vía desarrollo judicial, elaborar grupos de casos que concreten una “norma” semejante de la misma forma que los jueces integran un contrato de distribución o un arrendamiento de servicios ex art. 1258 CC apelando a la buena fe o la voluntad hipotética de las partes. Pero la situación es idéntica al caso del reparto desigual. El socio que impugna el acuerdo de atesoramiento está defendiendo su derecho como contratante a que las ganancias del acuerdo se repartan de acuerdo con lo (que habríamos) pactado (si hubiéramos previsto la situación).
Por último, aunque hay que desarrollarlo en otro lugar, la acción de impugnación de un acuerdo social es una acción de cumplimiento de contrato, es decir, entre las acciones que otorga al contratante el art. 1124 CC, la impugnación es el equivalente a la acción de cumplimiento cuando, como es el caso, se ejercita en el marco de un contrato de duración y que da lugar a una organización. La equivalente a la acción de resolución es la acción de separación, exclusión o disolución de la sociedad.De ahí que, a menudo, el derecho a anular un acuerdo social y el derecho a separarse de la sociedad o a disolverla sean remedios alternativos.

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