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martes, 21 de agosto de 2012

Más sobre chivatos y delatores: los equilibrios de bajo cumplimiento de las normas

En EL PAIS de hoy lunes 20 de agosto se publica un reportaje más amplio sobre la cuestión que abordábamos en nuestra entrada anterior (¿Delación u obligación? Una sociedad de chivatos perjudica la convivencia, pero los expertos abogan por el compromiso ciudadano ante infracciones graves). Afortunadamente, la periodista (por esa errónea concepción de la objetividad periodística que consiste en reproducir de manera más o menos equilibrada opiniones contradictorias que, sin embargo, tienen un valor y capacidad de persuasión muy diferente) incluye voces que dicen algo semejante a lo que sosteníamos en esa entrada.
Lo que no dice el reportaje ni ninguno de los “expertos” consultados por la periodista es que si los miembros de una sociedad están más (o menos) predispuestos a denunciar los incumplimientos de las reglas de la Sociedad y a castigar espontáneamente a los incumplidores, los recursos públicos que deben destinarse a hacer cumplir las reglas (enforcement) serán correspondientemente menores (mayores) para alcanzar un idéntico grado de cumplimiento. Si el cumplimiento de las reglas es valioso – aumenta el bienestar social – las sociedades cuyos miembros denuncien y castiguen a los incumplidores serán sociedades más desarrolladas y ricas que aquellas cuyos miembros no lo hagan. Los que se dedican a las Humanidades y a las Ciencias Sociales más blandas como el Derecho suelen olvidar este trade off.
Se sigue inmediatamente que es fundamental seleccionar adecuadamente las reglas cuyo enforcement es valioso porque su cumplimiento mejora el bienestar social. Por eso decíamos en nuestra otra entrada que las reglas deben ser consideradas “justas” por la población en general. Pero hay que presumir que si la regla ha sido establecida por el ordenamiento jurídico como imperativa (no fumar en los trenes, pagar el billete de acceso…) también hay que presumir que la Sociedad ha decidido que esa conducta mejora el bienestar de todos y, por tanto, que garantizar su cumplimiento al menor coste posible contribuye igualmente al bienestar social. Por eso sugeríamos como estrategia de desregulación la derogación de las reglas que se incumplen por gente normalmente obediente de las normas.
Es una hipocresía, por lo tanto, afirmar por un lado la bondad de una regla y, por otro, desincentivar las conductas que favorecen su cumplimiento. Y es obvio que la denuncia y los chivatos contribuyen, con su conducta, al bienestar social al reducir los costes sociales de hacer cumplir las normas.
Si no queremos que la gente denuncie las conductas incumplidoras de una regla, debemos derogar la regla correspondiente o argumentar de cualquier otra forma que lo que maximiza el bienestar social es un cumplimiento relativo de la misma. Por ejemplo, no queremos que desaparezca la prostitución de las calles pero queremos limitar su presencia. A tal efecto, podemos prohibir la prostitución callejera pero no sancionar a los “demandantes” y solo a los “oferentes” de tales servicios. Porque es evidente que es siempre la demanda la que determina la oferta y, al igual que sucede con el tráfico de drogas, los agricultores colombianos y los cárteles mejicanos que distribuyen la droga solo desaparecerán, con toda seguridad, cuando los europeos y los estadounidenses dejen de comprar droga. Si quisiéramos acabar de verdad con el tráfico de drogas, habría que sancionar muy severamente el consumo. Sin consumidores, los productores se dedicarían a otra cosa.
Si solo queremos garantizar un “cumplimiento relativo” de la norma, hay que actuar sobre la definición de la conducta prohibida (el supuesto de hecho) y sobre las consecuencias jurídicas (los sujetos sancionados y el tipo y envergadura de la sanción). No es cruel e insolidario denunciar a los mendigos en el transporte público. Lo que es cruel e insolidario es aplicarles una sanción de multa o cárcel. Pero, sin necesidad de explicar por qué, me parece obvio que todos salimos ganando de que no haya mendigos en los transportes públicos aunque solo sea porque las autoridades que habrán de velar porque no los haya no tendrán “más remedio” que organizar una red de asistencia social que lo evite si no pueden meter en la cárcel a los mendigos o ponerles multas que no podrán pagar.
No incentivar el enforcement descentralizado de las reglas (esa es una buena definición del whistleblowing) cuando los individuos de una sociedad no tienen incentivos egoístas para hacerlo (el comerciante con establecimiento abierto al público en un pueblo tiene incentivos para denunciar a los vendedores ambulantes) conduce a un equilibrio subóptimo en el grado de cumplimiento de las reglas en una Sociedad. Y hay razones para pensar que son las reglas que benefician a todos en general y a ningún grupo concreto en particular las que pueden sufrir un mayor déficit de cumplimiento por esta razón, ya que, a diferencia de la prohibición de la venta ambulante, ningún individuo tiene incentivos no egoístas para denunciar su incumplimiento y castigar al que no paga sus impuestos o tira la basura en la calle. Se sigue, entonces, que la denuncia y sanción privadas de los incumplimientos son tan valiosos para una sociedad como la donación altruista de sangre.
Y el núcleo de la cuestión no está en la mayor o menor gravedad de la infracción como sugiere el titular del reportaje de EL PAIS. El núcleo está en el previsible déficit de aplicación de la regla y las consecuencias de dicho déficit para el bienestar general. Los suizos denuncian a sus vecinos que ponen la lavadora durante la noche y Suiza se pone como modelo de convivencia. Cuestión distinta es qué modelo de convivencia deseamos (los alcaldes españoles hacen prevalecer las juergas nocturnas sobre el descanso de la población). Pero una vez que el modelo de convivencia queda reflejado en las normas jurídicas (no se puede o sí se puede poner la lavadora por la noche; no se puede o sí se puede montar una discoteca al aire libre y hasta las seis de la mañana en una zona habitada) no debería reproducirse el juicio acerca de la bondad de su cumplimiento. Los sufridos veraneantes deberán promover el cambio de la regla pero si la regla les favorece, lo que hay que hacer es meter en la cárcel a un alcalde por prevaricación.
Es obvio – y la señora Moix estuvo especialmente desafortunada con la comparación – que un Estado no democrático puede utilizar la delación privada para elevar el cumplimiento de sus reglas – no democráticas – convirtiendo a su población en policías movidos por recompensas materiales o por el ánimo de venganza. Pero el problema no está en que las reglas de una dictadura se cumplan en gran medida. El problema está en que las reglas que se cumplen son reglas injustas porque las ha puesto en vigor un dictador.

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