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jueves, 28 de julio de 2016

Identidad individual y grupal

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Las organizaciones identitarias proporcionan un entorno en el que se forman y se refuerzan socialmente las identidades a través de dos vías: mediante la imposición de reglas de participación en actividades que generan identidad y excluyendo a los no-miembros de las interacciones societarias. La participación puede producir identidad de muchas formas. Los rezos en común, el estudio de las escrituras, el sacrificio religioso convierten a los individuos en creyentes de la doctrina de la organización religiosa. Donar a tu universidad fortalece tu identificación con la institución y te permite participar en su prestigio. Participar en una organización racista te permite cultivar tu sentimiento de superioridad racial. Meterse en una revolución violenta podría permitirte que te consideraran un héroe. Al excluir a los no-miembros, que no participan en esas actividades que generan identidad, una organización concentra la exposición de sus miembros a otros individuos que piensan y sienten lo mismo que ellos.
Como la formación de la identidad del grupo está basada en la exclusión de los no-miembros, la identidad puede verse como un activo de club (a club good excludable but partially non-rivalrous goods,allowing concurrent enjoyment from within the ownership group). lo que constituye uno de los temas centrales del estudio económico de las religiones. La formación de la identidad puede estudiarse como la producción competitiva de activos-club… la doctrina de una organización debe medirse por su capacidad para generar conductas altruistas – sacrificios – por parte de sus miembros y coordinar la acción colectiva.
Por ejemplo, ¿por qué no elevan todas las organizaciones religiosas las exigencias a sus miembros? ¿Por qué los episcopalianos no son tan exigentes con sus miembros como lo son los Testigos de Jehová?… Nuestro modelo muestra cómo el sistema de creencias de una organización puede determinar el nivel de exigencia que impone a sus miembros. No ser miembro es más costoso para un individuo que quiera adquirir… sentimientos religiosos que están allende del sistema generalizado de creencias (por ej., creer en el creacionismo en vez de en la evolución). De ahí que las organizaciones religiosas que cultivan sistemas de creencias más extremos sean, también, más exigentes en relación con sus miembros. Los episcopalianos no pueden elevar el nivel de exigencia a sus miembros porque las creencias generalmente extendidas en la Sociedad en su conjunto son un sustitutivo muy próximo de su propio sistema de creencias.

Jean-Paul Carvalho Identity-Based Organizations, American Economic Review: Papers & Proceedings 2016, 106(5): 410–414

profile
“Definiré la verdadera acción colectiva de una forma diferente. Cuando los agentes llevan a cabo una auténtica acción colectiva no actúan de modo individualista. Por el contrario, están motivados para perseguir los fines del grupo. Definiré el pensamiento “tipo nosotros” (we thinking) como un modo de pensar en el que el individuo asume como propios los objetivos del grupo.
Hay innumerables ejemplos reales de situaciones en los que los individuos aparentan actuar de modo altruista: cuando lo hacen en interés de sus familias, de las empresas, de equipos, de partidos políticos o de sus países. Los psicólogos sociales hablan de <<cohesión por la tarea>> (task cohesion). Los psicólogos que estudian la milicia y los sociólogos han subrayado que los soldados que arriesgan sus vidas están motivados, típicamente, para lograr lo que sea mejor para el grupo.
… el orgullo del grupo facilita la acción colectiva porque, cuando el grupo es una fuente de orgullo para los agentes, éstos están más incentivados para pensar como si el grupo fuera un organismo (we thinking)… la identidad de grupo facilita la acción colectiva porque hace posible para los individuos que lo forman sentirse orgullosos de su pertenencia al grupo.
… cuando un agente piensa en términos de su “yo”, se preocupa por cuánto y cómo es apreciado como individuo: es decir, se preocupa por su autoestima y, quizá, por el aprecio que le tienen los otros agentes. Cuando un agente piensa en términos de “nosotros”, lo que le preocupa es la estima del grupo, cómo es considerado el grupo en sí y, por tanto, por el aprecio que él siente por el grupo y, quizá, el aprecio que terceros tienen por el grupo. Si el grupo es una fuente de orgullo para el individuo, tenderá a pensar en términos de “nosotros”…
… la identidad personal es quién cree uno que uno es. La identidad de grupo, análogamente, es la creencia de los miembros del grupo en relación con el tipo de grupo. En la literatura, se usa, a estos efectos, el término <<identificación>>, que puede definirse como la creencia en que uno comparte rasgos con otros individuos
La identidad del grupo (que todos sus miembros compartan rasgos) es necesaria para que haya un orgullo de pertenencia a un grupo… Por ejemplo, cuando los Yankees ganan las World Series… es una fuente de orgullo para muchos neoyorkinos. Lo que explica ese sentimiento de orgullo es que los neoyorkinos aplican un principio según el cual juzgan a las ciudades sobre la base de los resultados deportivos de sus equipos. Los neoyorkinos están orgullosos de su ciudad porque, en términos de béisbol, su ciudad sale bien parada en comparación con otras ciudades. Para que puedan extraer orgullo de la pertenencia a la ciudad, los neoyorkinos tienen que creer que los habitantes de una ciudad comparten ciertos rasgos (en relación con el béisbol) y que el equipo de béisbol de la ciudad gane esté relacionado con esos rasgos. Pero lo decisivo es lo primero: para que un neoyorkino se sienta orgulloso del triunfo de su equipo de béisbol tiene que creer que su ciudad y otras ciudades comparables tienen identidades grupales diferentes.

Robert Akerlof  “We Thinking” and Its Consequences, American Economic Review: Papers & Proceedings 2016, 106(5): 415–419

Lo de Echenique

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.



Ballesteros Efe

John Müller lo ha explicado perfectamente. Y Echenique ha dado todas las explicaciones que ha querido. A mí no me parece que haya cometido una infracción grave que merezca una multa. Me parece que su conducta entra dentro de los relajados estándares de cumplimiento de las reglas del español medio. Lo que me parece inaceptable es su hipocresía y su doble vara de medir.

1. Nos exige a los españoles, como Sociedad, unos deberes de solidaridad que sólo están al alcance de sociedades muy ricas con elevadísimos niveles de cumplimiento de las reglas por parte de todos;
2. Se proclama con derecho a que garanticemos, con nuestros impuestos, los más elevados niveles de bienestar para él y su familia,
3. Levanta el dedo acusador contra el potentísimo Estado del Bienestar español (aunque a él le parezca insuficiente, no hay ningún país en el mundo que, siendo más pobre que España, mantenga niveles de protección social mayores).
y rezuma una concepción de las relaciones sociales que subleva incluso mi cerebro socialdemócrata de cazador-recolector mediterráneo. Encuentro especialmente repugnante de sus explicaciones el siguiente paso:
estimo el coste de la asistencia que necesito para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana (levantarme, cambiarme, ducharme, etc.) en unos 2000€ al mes. Nuestro sistema obliga, por tanto, a que yo y cientos de miles de dependientes como yo, tengan que ser obligatoriamente asistidos por sus familiares, sin derechos y esencialmente gratis.
Echenique está en una silla de ruedas. No obstante, es científico del CSIC y ahora diputado. Tiene madre y esposa y gana un buenísimo sueldo para los estándares españoles. Más de 6000 euros netos al mes, lo que le permite subvenir a sus necesidades incluso las más elevadas consecuencia de su enfermedad física. ¿Por qué tenemos que destinar recursos escasos y que se extraen coactivamente de lo que los demás ganamos con nuestro trabajo a pagar un sueldo a su mujer o a su madre por cuidarle? Echenique decide libremente donar a un partido cuyos patrones morales son muy discutibles una parte importante de su sueldo y, a la vez, exige que parte de mi sueldo se entregue a su madre o a su mujer por cumplir con el deber que les impone el Código civil respecto de los miembros de su familia: los esposos deben socorrerse mutuamente y los padres tienen que cuidar de sus hijos. Estas son obligaciones prejurídicas recogidas por el Derecho. Nadie está obligado a dar más de lo que tiene pero ¿dar al que más tiene? A Echenique lo tienen que cuidar sus familiares obligatoriamente porque lo dicen las más elementales normas morales, no porque lo diga el Derecho. Y la Sociedad no tiene ninguna obligación de quitarle recursos a unos para ayudar a otros que pueden ayudarse a sí mismos.  Hemos perdido el sentido de la medida y de la solidaridad social. Y Echenique, al que se ha llenado la boca de acusaciones contra la injusta sociedad española, se limita a pedir privilegios que, si se generalizasen, destruirían el tejido social ("the breakdown of family structure in the United States is also substantiallycorrelated with generous state welfare policies") y llenarían nuestro país de aparcamientos para impedidos, eso sí, pagados con impuestos.

miércoles, 27 de julio de 2016

¡Caramba con la registradora!

Según el segundo de los defectos, existe una contradicción en el apartado segundo de las estipulaciones de la escritura otorgada el día 12 de febrero de 2016, en la que se hace constar que el balance de la sociedad ha sido cerrado «el día de ayer» y, sin embargo, el balance incorporado a la escritura está cerrado el día 1 de enero de 2016.

Esta objeción carece de entidad suficiente para impedir la inscripción solicitada. De la misma escritura resulta inequívocamente la fecha del balance que es aprobado por todos los socios e incorporado a aquélla. En efecto, en el expositivo II de dicho título se expresa que en la reunión del día 2 de enero de 2016 «aprobaron el balance de la sociedad y acordaron la transformación de la sociedad civil…»

RDGRN 23 de junio de 2016

… si en la escritura de transformación el administrador o persona competente para elevar a público el acuerdo de transformación manifiesta que se ha realizado la comunicación individual por escrito a todos y a cada uno de los acreedores (y a los titulares de derechos especiales, de existir según el tipo social de que se trate) que exige la norma legal, o se manifiesta -en dicha escritura o en el propio acuerdo de transformación- que no existen acreedores (ni titulares de derechos especiales, en su caso), no será necesario acreditar la publicación del correspondiente anuncio de trasformación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio (artículo 14 de la Ley sobre modificaciones estructurales en sendos párrafos).Del balance firmado e incorporado resulta la inexistencia de acreedores…. Del balance firmado e incorporado resulta la inexistencia de acreedores.

Consejo de Administración incompleto

Lucía Astarloa comenta la RDGRN de 14 de marzo de 2016 en el último número de la Revista de Sociedades:

En una sociedad anónima cuya administración está confiada a un consejo formado por tres miembros se produjo una vacante por la dimisión de uno de ellos que, además, era el presidente del consejo de administración. Y los dos vocales que permanecían en el cargo acordaron, por unanimidad, constituirse en consejo y, entre otros acuerdos, convocar una junta general extraordinaria cuyo orden del día preveía, no sólo la recomposición y renovación del consejo de administración, sino también la adopción de determinados acuerdos para llevar a cabo un aumento de capital de la sociedad

El Registrador denegó la inscripción de los acuerdos adoptados en la junta convocada (que se celebró con asistencia de todos los socios) y la DGRN revoca la resolución del registrador y establece la siguiente doctrina:

habiendo determinado la junta general que el número de consejeros miembros del consejo es de tres, la vacante producida por la renuncia de uno de ellos no impide su válida constitución ni la adopción de todo tipo de acuerdos por los dos consejeros que permanecen el cargo, siendo necesario, eso sí, que los acuerdos se adopten por unanimidad, por aplicación de la regla de la mayoría absoluta consagrada en el artículo 248.1 de la LSC4

El argumento fundamental de la DGRN es que

el número mínimo de tres miembros que exige el artículo 242 de la LSC se refiere al número de componentes que se fijan los estatutos o nombra la junta general, que no necesariamente tiene coincidir con el número de vocales en el cargo.

y  añade que, en todo caso, la mayoría relevante para la adopción de acuerdos en el Consejo

debe referirse al colegio legal —formado por los vocales determinados en estatutos o en el acuerdo de nombramiento— y no al colegio real —referido a los vocales con cargo vigente

Del comentario de Astarloa, lo más interesante es lo siguiente:

A la vista de esta Resolución queda claro que un consejo compuesto por tres vocales en el que se produce una vacante no es un consejo deficitario que no pueda constituirse válidamente porque están vacantes la mitad más uno (o una cantidad superior) de sus componentes o, lo que es lo mismo, porque existen más vacantes que miembros en ejercicio efectivo. En estos supuestos es evidente que el consejo no puede constituirse válidamente. Este sería, precisamente, el supuesto al que se refiere el artículo 171 de la LSC (muerte o cese de la mayoría de los miembros del consejo de administración). En estos casos, en los que el órgano de administración deviene inoperativo como consecuencia de existir más vacantes que miembros en ejercicio efectivo, la ley establece mecanismo específicos de recomposición, con el fin de evitar la paralización de la vida social.

Tampoco es un consejo con un número de vocales por debajo del mínimo legal, pues, como hemos visto, el consejo sigue estando compuesto, de acuerdo con los estatutos y con el acuerdo de nombramiento, por tres miembros, por más que uno de ellos haya dimitido, dejando una vacante de forma temporal.

Y, finalmente, mucho menos se trata de un órgano de administración compuesto por dos miembros, sino de un consejo de tres vocales pero incompleto como consecuencia de la dimisión de uno de sus componentes. El hecho de que uno de los miembros de un consejo de tres cause baja no convierte de manera automática el consejo de administración en otras formas de administración como puede ser, por ejemplo, dos administradores solidarios o dos administradores mancomunados, para lo cual sería necesaria la correspondiente modificación estatutaria

La autora añade un argumento basado en el art. 141 RRM. Si, según este precepto, basta la aceptación de la mayoría de los vocales para que el consejo quede válidamente constituido, lo que es una prueba de que, para su constitución, es irrelevante que haya puestos vacantes siempre que éstos sean menos de la mitad del número de vocales de acuerdo con los estatutos y el acuerdo de la junta. Y concluye recordando la posibilidad de que este consejo cubriera las vacantes por cooptación.

¿Devenga intereses un crédito capitalizado hasta la entrega efectiva de las acciones al acreedor-socio?

Tomás Rodríguez Peñamaría se plantea esta cuestión en el último número de la Revista de Sociedades

Una sociedad anónima (cuyas acciones son negociables y están representadas mediante anotaciones en cuenta) que adopta válidamente, en el seno de la Junta General y Ordinaria de Accionistas, un acuerdo de aumento de capital social por compensación de créditos recibe una reclamación por parte de uno de los acreedores cuyo crédito ha sido capitalizado, reclamando el pago de intereses vinculados al crédito capitalizado por el tiempo que ha mediado entre la fecha de la efectiva adopción del acuerdo de aumento de capital por parte de la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la sociedad y la fecha en que las acciones emitidas han sido debidamente registradas, por la entidad encargada de su llevanza, en el registro contable de anotaciones en cuenta y por ende entregadas al acreedor en pago de su crédito. A partir de ello, se plantea la cuestión de si el crédito capitalizado, en virtud del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos, se extingue de forma automática en el momento de adopción del acuerdo por parte de la Junta General y Ordinaria de Accionistas y por tanto el crédito en cuestión deja de devengar intereses al haberse extinguido o si, por el contrario, mientras no se realice la entrega efectiva, a través de la inscripción de las acciones emitidas en el registro contable de anotaciones en cuenta, de dichas acciones al acreedor cuyo crédito ha sido capitalizado, el crédito no se extingue y por tanto sigue devengando intereses.

La primera respuesta posible es la que resulta de una aplicación directa de la doctrina del título y el modo: el título-valor o la anotación en cuenta se constituyen con la entrega del documento o la inscripción contable, de modo que, hasta ese momento el crédito seguiría siendo del ahora accionista que tendría derecho a los intereses devengados por el crédito hasta ese momento.

el pago de la deuda derivada del crédito capitalizado no se produce hasta la inscripción, por parte de la entidad encargada de su llevanza, de las nuevas acciones emitidas en el registro contable correspondiente y por tanto la deuda derivada del crédito no se extingue mientras que dicha inscripción no se haya materializado y por tanto el crédito capitalizado continúa devengando intereses hasta ese momento, el de la inscripción, el de la entrega (modo).

La respuesta negativa (no se generan intereses) derivaría de la consideración del aumento de capital por compensación de créditos como una cesión del crédito, de manera que éste habría pasado – se habría transmitido – a la sociedad con el acuerdo de voluntades entre el socio y la sociedad, acuerdo expresado en la voluntad del socio de capitalizar su crédito y en el acuerdo social por el que se aumenta el capital. El autor opta por esta segunda.

A nuestro juicio, la respuesta correcta es la de entender que el crédito capitalizado no devenga intereses más allá de la fecha de la adopción del acuerdo de aumento de capital pero no porque – como sugiere el autor – en esa fecha se haya producido la transmisión del crédito a la sociedad y su contemporánea extinción por confusión, sino porque hay que entender implícita en el acuerdo social de aumentar el capital (cuando se establece el número de acciones y su valor nominal que se entregarán al socio a cambio de su aportación del crédito) una decisión de ambas partes al respecto. Es decir, el socio y la sociedad han acordado que su crédito se convierta en un número determinado de acciones de un determinado valor nominal. No es necesario, pues, preguntarnos acerca de si el crédito genera o no intereses. Aunque los generase, el acuerdo entre el ahora socio y la sociedad es que ésta “pague” el crédito con un determinado número de acciones.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la relación temporal entre el acuerdo de la junta de aumentar el capital por compensación de créditos y la voluntad del acreedor de aceptar la capitalización de su crédito puede ser la inversa de la que supone el autor. Es decir, la sociedad puede adoptar el acuerdo de aumentar el capital por compensación de créditos como su “oferta” dirigida al acreedor o acreedores de la sociedad para que suscriban las acciones correspondientes mediante la entrega de su crédito. En este caso, se ve bien cómo el problema de los intereses no es relevante: si el acreedor acude a la ampliación, estará aceptando las condiciones en las que se produce la conversión de su crédito en acciones y no habrá lugar a plantearse si puede exigir, además, que le paguen intereses.

¿Qué efecto tiene una reforma legal sobre los estatutos sociales que reflejan la regulación precedente?

Francisco Javier Arias Varona y Alina Martiniva se plantean esta cuestión en el último número de la Revista de Sociedades al hilo de la RDGRN de 30 de marzo de 2016, cuestión de la que ya nos hemos ocupado en el blog. Como se recordará, el tema está de actualidad porque, tras su reforma, el art. 285.2 LSC atribuye a los administradores la competencia para modificar el domicilio social dentro del territorio nacional, siendo así que, con anterioridad, tal competencia era de la junta salvo para los cambios dentro de un mismo municipio. El cambio legislativo ha provocado la duda de cómo deben interpretarse las cláusulas estatutarias que se limitaban a reproducir la norma legal en su versión previgente y decían que “La sociedad tiene su domicilio en Atarfe, calle (…). Los cambios de sede dentro del mismo municipio se realizaran por acuerdo del Consejo de Administración…ˮ.

Resumimos la posición de los autores:

1. Presunción de remisión dinámica: cuando los estatutos sociales se limitan a remitirse a un precepto legal (“las limitaciones a la transmisibilidad de las participaciones serán las previstas en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital” o “las limitaciones a la transmisibilidad de las participaciones serán las previstas en la ley”) “puede razonablemente presumirse que las remisiones se hacen a las normas en vigor … cuando resulte necesario aplicar (los estatutos)”

Los autores añaden que esta presunción no impide “probar lo contrario” es decir, que la voluntad de los socios era otra y que querían hacer una remisión estática al contenido concreto de las normas legales a las que se hacía la remisión.

2. La cuestión no es tan clara en el caso de que los socios hayan reproducido en los estatutos el tenor literal de la norma, que es el caso del que se ocupa la RDGRN de 30 de marzo de 2016. Los socios no se remiten, simplemente, al art. 285.2 LSC sino que dicen en los estatutos que la competencia de los administradores para cambiar el domicilio social se limita a los cambios que tengan lugar dentro del municipio en el que la sociedad tenga su sede. Y – nos dicen los autores – la DGRN va más allá en su interpretación de que los estatutos contienen, en estos casos, una remisión dinámica a la ley vigente en cada momento porque

incluso en el caso de que los estatutos no reprodujeran literalmente un precepto legal, sino que se limitaran esencialmente a repetir su contenido, se presume por la DGRN que la cláusula estatutaria en cuestión es secundum legem y, por tanto, que «(...) al no manifestarse como expresión del poder de autonormación que se les confiere a los socios sino, más bien, como reflejo estatutario de la norma imperativa entonces vigente carece de fundamentos suficientes para pervivir después del cambio legislativo producido» (RDGRN de 26 de octubre de 1999).

Lo que califican de, por lo menos, arriesgado si se tiene en cuenta que es prácticamente obligatorio para los socios recoger en los estatutos regulaciones – sobre todo de órganos sociales – prácticamente idénticas a las recogidas en la ley. Y proponen que, en caso de reproducciones no literales, una modificación de la Ley que se reproduce no literalmente en los estatutos no afecta al contenido de estos y la sociedad seguirá rigiéndose por lo establecido en la cláusula estatutaria. El argumento que aducen es que, en otro caso, los socios tendrían muchas dificultades para expresar su voluntad de hacer una remisión estática, esto es, de “mostrar” que quieren el contenido de la Ley en la versión vigente en el momento en el que se redactaron los estatutos. 

Añaden que los administradores tienen el deber de promover la modificación estatutaria como consecuencia de la modificación legal y deshacer así las ambigüedades respecto del contenido de los Estatutos, pero no creemos que tal deber tenga mucho peso puesto que, razonablemente, los administradores pueden hacer un “cálculo coste-beneficio” de ambos extremos: el coste de modificar los estatutos (que implica convocar una junta, celebrarla, elevar a escritura pública los acuerdos e inscribirlos en el Registro Mercantil), los riesgos asociados (conseguir o no la mayoría para su modificación) y los beneficios en forma de reducción de la ambigüedad. Dado que, en general, la probabilidad del conflicto ex ante es muy pequeña, será casi siempre razonable que los administradores no propongan la modificación estatutaria, y, en consecuencia, en general, no podrá afirmarse que los administradores han actuado – por omisión – negligentemente en el desempeño de su cargo. En fin, dado que no hay ninguna consecuencia legal prevista para estos administradores que se comportan pasivamente, la referencia a la responsabilidad de los administradores tampoco tiene demasiada utilidad porque es difícil que se deriven daños para la sociedad de la falta de modificación de los estatutos. Y tampoco es útil la discusión acerca del acuerdo correspondiente que podría adoptar la junta y su posible impugnación, aunque no hay duda de que también un acuerdo que modifique la competencia para cambiar el domicilio social puede ser impugnado por contrario al interés social.

Tampoco estamos de acuerdo en que sea relevante, “el valor del contenido estatutario frente a los terceros, que cuentan con la veracidad de lo establecido en los estatutos sociales tal y como se desprende del Registro Mercantil”. Los terceros pueden confiar en que el domicilio social es el que figura en los estatutos inscritos, a efectos, por ejemplo, de dirigir comunicaciones a la sociedad o de demandarla. Pero los terceros no se ven afectados por el hecho de que los estatutos sean ambiguos respecto a quién tiene la competencia para modificar el domicilio social. Como hemos dicho varias veces, la inscripción registral de los estatutos no los hace “oponibles” a los terceros ni les perjudica en modo alguno.

Sobre la cuestión de fondo, a nuestro juicio, sólo puede decidirse caso por caso y será una cuestión de interpretación de los estatutos sociales. Las presunciones que los autores proponen son aceptables: presumir que si los socios se han limitado a remitirse a un precepto legal o han reproducido éste, están haciendo una remisión dinámica, esto es, a la norma legal que esté vigente en cada momento y deducir una voluntad contraria de los socios cuando, dentro del margen que la norma legal deje a la libertad de configuración estatutaria, pueda apreciarse que los socios han hecho suya la voluntad del legislador concretamente expresada en la norma legal en vigor en el momento en el que se redactaron los estatutos lo que conducirá, normalmente, a la conclusión de que los socios han optado por una remisión dinámica cuando la norma legal limite la libertad estatutaria y, por tanto, los socios no hayan tenido otra opción que reproducir en los estatutos la norma legal. Si, por una modificación legislativa, el marco de la libertad estatutaria se amplía – como sucede con la reforma del art. 285.2 LSC, y los socios habían reproducido la norma previgente para atribuir a los administradores la competencia para modificar el domicilio social dentro del municipio, puede entenderse que, si se amplía la competencia de los administradores al traslado del domicilio social a cualquier otro municipio nacional, la voluntad de los socios habría sido la de ampliar coherentemente la competencia de los administradores. La referencia del art. 285.2 LSC a “salvo disposición contraria en los estatutos” debe entenderse, pues, aplicable limitadamente a las cláusulas estatutarias que hubieran sido puestas en vigor con posterioridad a la reforma. En efecto, a los socios que redactan unos estatutos con anterioridad no puede imputárseles ninguna voluntad de derogar una norma legal que no estaba en vigor en el momento de la redacción de la cláusula estatutaria.

Cesión global de activo y pasivo a favor del socio mayoritario

En el último número de la Revista de Sociedades se ha publicado un trabajo titulado “El conflicto de intereses en la cesión global de activo y pasivo a favor del socio mayoritario de la sociedad cedente” de María Gállego Lanau. La autora ya había publicado en esa misma revista un trabajo sobre la cesión global de activo y pasivo.

Estas son las conclusiones

En la cesión global de activo y pasivo a favor del socio mayoritario de la sociedad cedente puede producirse una situación de conflicto de intereses. El socio mayoritario, reúna o no la condición de administrador, tiene un interés particular en que se apruebe la operación que puede ser contrario y opuesto al interés social. Pero no toda cesión global de activo realizada a favor del socio mayoritario de la sociedad cedente implica necesariamente que se produzca un daño al interés social. En ocasiones, esta operación puede constituir la única o la mejor opción, por ejemplo cuando la situación económica de la empresa sea complicada y la mejor forma de conservarla sea transmitirla a un tercero que esté interesado en su conservación y recuperación.

El legislador contempla dos técnicas diferentes para solucionar el conflicto de intereses que puede darse en una cesión global de activo y pasivo en la que el socio mayoritario de la sociedad cedente actúa como cesionario. La diferencia radica en si este socio mayoritario reúne a su vez la condición de administrador o no. Cuando el socio mayoritario sea administrador, el legislador ha optado por prohibir a priori todas las transacciones que pueden comportar un conflicto. Por tanto, no podrá realizarse una cesión global de activo y pasivo a favor del socio mayoritario cuando éste reúna también la condición de administrador, ni siquiera cuando la operación en concreto no suponga un daño para el interés social, salvo que la junta de socios le autorice. El socio-administrador en quien concurre la situación de conflicto no puede participar en la votación de la dispensa, quedando en manos de los socios minoritarios la valoración de si la realización de una cesión global resulta adecuada.

En el caso de que el socio mayoritario no reúna la condición de administrador, debe analizarse si el supuesto de hecho tiene cabida en alguno de los supuestos de conflicto de interés del artículo 190.1 LSC, que traen como consecuencia el deber de abstención en el voto del socio en conflicto. Aunque la mayoría de la doctrina que ha estudiado la figura de la cesión global de activo y pasivo consideran que al socio en conflicto debe aplicársele la exclusión de voto del artículo 190LSC, estimo que teniendo en cuenta la redacción de este precepto no puede defenderse dicha obligación entendiendo que la cesión global se incluye en el supuesto «concesión de un derecho». Este deber de abstención del socio en conflicto tampoco puede incluirse en los estatutos. Por tanto, los socios que estimen que la cesión global a favor del socio mayoritario ha dañado el interés social, únicamente tendrán la opción de impugnar el acuerdo de cesión global conforme a lo previsto en la LSC.

Algunas observaciones:

1. Es obvio que en el caso de que una sociedad ceda globalmente su activo y pasivo a uno de sus socios (típicamente cuando se liquida) hay intereses contrapuestos entre la sociedad y el socio cesionario. La primera querrá obtener el máximo precio por sus bienes y el cesionario, esto es, el socio adquirente de los bienes, querrá pagar el precio más bajo posible. Pero el legislador ha considerado, con razón, que es una operación legítima y útil para liquidar rápidamente compañías o para proceder a la transmisión de una empresa disfrutando de las ventajas de la sucesión universal. Por tanto, toca al jurista determinar cómo se conjura el riesgo de que la colisión de intereses se traduzca en un daño para los demás socios, es decir, para los socios no cesionarios que verán disminuida su cuota de liquidación – en el caso de una sociedad en liquidación – si el precio al que se cede el activo y pasivo es inferior a su valor de mercado.

2. Si la cesión global de activo y pasivo la acuerda la Junta de Socios, que tienen que aprobar el proyecto de cesión elaborado por los administradores y en el proyecto de cesión ha de figurar el cesionario o cesionarios, no vemos qué interés tiene estudiar el caso de un posible conflicto de interés entre el cesionario y la sociedad cedente cuando el cesionario es un socio mayoritario que, además, es administrador. En realidad, la condición de administrador es irrelevante porque la decisión de ceder el activo y pasivo no la toma el órgano de administración, sino la junta de socios (art. 87 Ley de Modificaciones Estructurales).

3. Si es así, lo interesante es estudiar, como hace la autora, cómo se lidia con el conflicto entre el socio – cesionario y la sociedad – cedente de los bienes. Que una sociedad de capital puede ceder globalmente su activo y pasivo a uno de sus socios es una obviedad que recoge expresamente el art. 81.1 LME cuando afirma que “Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros”. La autora concluye, con razón, que el art. 190.1 LSC no es aplicable y, por tanto, que el socio-cesionario no tiene que abstenerse en la votación del acuerdo de cesión. Se basa en que la referencia de la letra c) de dicho precepto a “liberarle de una obligación o concederle un derecho” no se aplica a aquellas transacciones entre la sociedad y un socio en el que el socio es un tercero. Si el legislador hubiera querido incluirlas en la prohibición de votar habría dicho “autorizar la contratación entre el socio y la sociedad”.

4. Por tanto, estamos de acuerdo con la autora en que la cuestión debe resolverse mediante la impugnación del acuerdo de la junta que aprueba el proyecto de cesión. Pero en la impugnación, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 190.3 LSC. Dada la clara existencia de un conflicto de interés entre el socio mayoritario y la sociedad, corresponderá a la sociedad argumentar ante el juez que los términos de la cesión son conformes con “el interés social” lo que, en el caso de cesión global de activo y pasivo y como hemos dicho hace mucho tiempo para el caso de la liquidación mediante cesión de los activos sociales a favor del socio mayoritario, significa que debe asegurarse que el socio mayoritario ha pagado por los activos sociales el mayor precio alcanzable, razonablemente, en el mercado. Por tanto, si existían ofertas superiores (es posible que un socio minoritario esté interesado en adquirir los activos y pasivos sociales) o, simplemente, si los administradores no hicieron un “market test” para suscitar ofertas, el juez deberá anular el acuerdo de la junta y, en su caso, anular la cesión.

Riesgo e incertidumbre

La principal diferencia entre riesgo e incertidumbre es que la incertidumbre es la falta de fe en una situación mientras que el riesgo es ponerte en esa incierta situación

Kaushal Mahajan

martes, 26 de julio de 2016

Canción del viernes en martes y nuevas entradas en Almacén de Derecho: "Shenandoah" by Goldmund

Amparito

Por Juan Antonio Lascuraín Un amparo de lujo Hasta el año 2007 teníamos un sistema de amparo de los derechos fundamentales de lujo. Quien sintiera que los poderes públicos lesionaban sus derechos fundamentales acudía a los jueces. A eso lo llamábamos, mal, amparo...leer más

De nuevo sobre impuestos, justicia y estado social.

¿Exige la idea de estado social que los impuestos directos sean progresivos? ¿Hay más estado social cuanto más se acorta la diferencia de riqueza entre los ciudadanos? ¿Pueden los derechos sociales en algún caso estar mejor realizados en un estado con impuestos menos progresivos? ¿Hay estados en los que la mayor progresividad de los impuestos y la disminución de la diferencia de riqueza vayan unidos a la mala prestación de los derechos sociales?
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Las administraciones públicas pueden cometer infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia

En el caso, se trataba de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que había ayudado a ejecutar el cártel de los productores de vino de Jerez. La Audiencia Nacional acogió el recurso de la Junta en el sentido de que, como la Junta no había actuado como operadora económica, no podía ser considerada responsable de la infracción del art. 1 LDC. Pero el Supremo es de otra opinión. Cita su sentencia de 9 de marzo de 2015 y el art. 4.2 LDC y argumenta como sigue:

Y frente al argumento que en aquel caso esgrimía la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de que la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas no podía ser objeto de control por parte de otra Administración -en este caso, la Comisión Nacional de la Competencia-, dábamos en el fundamento jurídico tercero de la citada sentencia de 9 de marzo de 2015 (casación 294/2013 ) la siguiente respuesta: << (...) Ante todo es obligado recordar -ya lo señala la sentencia recurrida- que según establece el artículo 4.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia << (...) 2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal >>.

El tenor de ese precepto pone de manifiesto que, como también señala la sentencia de instancia -que cita, a su vez, a la resolución administrativa impugnada- en el ámbito del Derecho de la competencia opera un concepto amplio y funcional de empresa, de manera que lo relevante no es el estatus jurídico económico del sujeto que realiza la conducta sino que su conducta haya causado o sea apta para causar un resultado económicamente dañoso o restrictivo de la competencia en el mercado.

La sentencia recurrida -lo mismo que la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que en ella se confirma- no ignora, ni desde luego cuestiona, las competencias de la Administración autonómica de Castilla y La Mancha en relación con la regulación y gestión del servicio público sanitario. Lo que hacen la resolución administrativa y la sentencia es, sencillamente, salir al paso de una conducta que, aunque se dice llevada a cabo en el ejercicio de aquellas competencias, resulta vulneradora del derecho de la competencia. En fin, como hemos visto al examinar el motivo de casación formulado por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla La Mancha, el hecho de que la conducta infractora se haya realizado invocando el ejercicio de una competencia legalmente atribuida no determina por sí mismo que se deba operar una cláusula de exclusión del artículo 4.1 de la Ley 15/2007 >>.

Tales consideraciones son enteramente trasladables al caso que nos ocupa.

… en el caso que nos ocupa la actuación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía desempeñó un papel relevante en la distorsión del mercado y la perturbación de la competencia; todo ello en los términos que describe la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, que atribuye a la Administración autonómica "...un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución del acuerdo de fijación de precios de la uva y mosto de Jerez entre determinados productores y bodegueros...".

Por tanto, debe considerarse ajustada a derecho la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que declara a la citada Consejería de la Junta de Andalucía responsable de una conducta infractora del artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia .

Sin duda habrá supuestos en que, por estar dirigida la apreciación de una posible vulneración del derecho de la competencia contra un acto administrativo formalmente adoptado, o contra una disposición de carácter general, la vía a seguir por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -o, en su caso, por los órganos de las Comunidades Autónomas con atribuciones en materia de defensa de la competencia será la de la impugnación del acto o disposición ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conforme a lo previsto en los artículos 12.3 y 13.2 de la Ley 15/2007 .

Pero la capacidad de reacción de las autoridades de defensa de la competencia no puede quedar reducida a esa vía impugnatoria; sobre todo cuando se trata de actuaciones materiales como las que describe la resolución de la Comisión en el caso que estamos examinando.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2016 (Gracias, Antonio Robles)

El descuento hiperbólico racional

“El punto de vista biológico tiene algunas implicaciones importantes para evaluar cómo es posible que haya sido seleccionado naturalmente un sesgo en la toma de decisiones como el de la preferencia por la recompensa inmediata – menor – respecto a una recompensa posterior en el tiempo pero mayor. Muchos estudios sobre autocontrol indican que los organismos maximizan su utilidad en conjunto adquiriendo el mayor número posible de recompensas y que, si no lo hacen, es porque sufren un sesgo irracional que les lleva a sobrevalorar las gratificaciones inmediatas.

Sin embargo, esperar a la <<gran recompensa>> o al gran premio tiene sus propios problemas si lo llevamos al extremo. Imaginemos que un animal que busca alimento tiene que elegir qué fuente de proteínas perseguir. Prolongar la caza para aumentar las posibilidades de conseguir una gran pieza puede ser una buena estrategia si solo implica sacrificar algunos minutos del tiempo del animal. Pero resistir a la tentación puede no ser tan buena idea si requiere esperar años para lograr el resultado. En esos casos extremos, el animal que toma la decisión puede morir de inanición esperando conseguir cazar la gran pieza. Como se deduce de este ejemplo, una perspectiva biológica indica que los individuos de una especie no deberían tratar de maximizar las cantidades (las recompensas) a lo largo de toda su vida, es decir, no deberían extremar su paciencia porque se arriesgan a que los premios extraordinarios le lleguen demasiado tarde para ser de alguna utilidad.

Una estrategia mejor es tratar de maximizar la tasa de consumo (el alimento ingerido) en un intervalo de tiempo relevante biológicamente. Lo que significa que los organismos preferirán, a veces, el consumo inmediato por razones racionales biológicamente… Este punto de vista predice igualmente que los individuos pueden prescindir de ciertos períodos temporales cuando toman decisiones porque tales períodos no afectan a su tasa de cálculo biológicamente relevante… los humanos utilizan estrategias temporales que les permiten maximizar la tasa de ganancia y preferir opciones inmediatas cuando es óptima tal preferencia La solución biológica óptima a los problemas que obligan a los seres vivos a tomar decisiones temporales no se ajustan, necesariamente, con las soluciones que los modelos de decisión económica predicen como la más racional.

Laurie R. Santos and Alexandra G. Rosati, The Evolutionary Roots of Human Decision Making, 2014

¿Deberían ser más altas las indemnizaciones por daños extracontractuales a cargo de personas jurídicas?

Lynn Stout piensa que sí:

“La mayor parte de la gente tiene un incentivo <<interno>>, en forma de cargo de conciencia, para tomar medidas razonables para evitar causar daños a otros. Las compañías pueden no tener tal incentivo… La tendencia del Derecho de daños a infracompensar a las víctimas no plantea necesariamente un problema cuando estamos tratando con individuos, la gran mayoría de los cuales tiene conciencia. Para las personas físicas, un sistema jurídico que imponga responsabilidad sólo parcial por los daños causados a terceros puede ser suficiente, si se le añade la sanción interna que deriva del cargo de conciencia por el daño, para generar en cada uno la motivación suficiente para tener cuidado de no dañar a otros. Pero el mismo patrón de infracompensación puede producir un efecto preventivo insuficiente si lo aplicamos a las compañías… Puede que queramos que las compañías – las personas jurídicas – paguen indemnizaciones a las víctimas que sean superiores a las que tengan que pagar los demandados – personas físicas”. 

Añade  Bowles que

“El argumento de Stout no es que los individuos que toman las decisiones en el seno de las compañías sean menos morales que otros. Es otro: que, cuando deciden sobre el nivel apropiado de cuidado que deben desplegar para evitar daños a terceros (en el diseño de los juguetes que fabrican, por ejemplo), el deber de los administradores de maximizar los beneficios en interés de los accionistas les puede inducir a considerar probable que los jueces acaben concediendo indemnizaciones por daños causados por los productos que infracompensen a las víctimas, si los daños llegan a producirse. Lo que llevará a los administradores societarios – si son agentes leales de los accionistas y tratan de maximizar la riqueza de estos – a tener en cuenta de forma insuficiente los costes que puede imponer a terceros un diseño defectuoso de los productos, prefiriendo un diseño más barato pero con más probabilidades de causar daño. Stout esta repitiendo simplemente el argumento de Milton Friedman… acerca de que “sólo los individuos pueden tener responsabilidades”.

Stout podría haber añadido que, los experimentos realizados… indican que la difusión, en el sentido de dispersión, de la responsabilidad por las decisiones tomadas en el seno de una organización cuando el proceso de toma de decisiones es complejo y las presiones competitivas que soportan los gestores de una empresa que lucha por su supervivencia apuntan en la misma dirección”

Lynn Stout, Cultivating Conscience: How Good Laws Make Good People, 2011, pp 171-172, apud Samuel Bowles, The Moral Economy, 2016, p 212-213

Limitación estatutaria a la pignoración de las acciones o participaciones

El Banco prestamista exige al prestatario que recomponga las garantías del préstamo de acuerdo con lo pactado. El prestatario ofrece acciones de dos sociedades mejicanas que el banco rechaza. El prestatario gana en las tres instancias. En el recurso de casación, entre otras cosas, el banco alega que el prestatario carecía del poder de disposición – de pignoración – requerido por el art. 1857.3º CC

"“cualidades que no concurrían en las acciones cuya pignoración fue ofrecida por el prestatario. Las acciones de las dos sociedades mejicanas ofrecidas en prenda no reunían dicho requisito: 1º) Por figurar en los estatutos una prohibición de enajenación a extranjeros de más del 49% del capital, cuya modificación no se elevó a escritura pública hasta después de presentada la demanda. 2º) Los estatutos de estas sociedades mejicanas contenían una estipulación recogida en la sentencia que limitaba su disponibilidad”

El Supremo rechaza el motivo por las siguientes razones:

1. El prestatario era accionista único de esas dos sociedades

2. El banco rechazó la garantía sin conocer “las eventuales limitaciones estatutarias de las acciones ofrecidas”

3. Las acciones ofrecidas eran propiedad de un tercero (Promotora Calibú).

4. Las acciones podían venderse tanto a mejicanos como a no mejicanos en la fecha de “vencimiento de la obligación”.

La prohibición que figura en los estatutos de enajenación a extranjeros de más del 49% y cuya modificación no se elevó a escritura pública hasta después de presentada la demanda…. que suprimida por acuerdo de la Asamblea General de 26 de diciembre de 1988 y… el mismo día (se) vendieron el 100% de(l capital de cada una de las sociedades)…  a la Promotora Calibú S.A. No requiere el art. 1858 C.c. que la fecha en que puede enajenarse la cosa dada en prenda sea antes del día de la presentación de la demanda, como pretende el recurrente en su escrito, sino del día de vencimiento de la obligación principal, que no se produjo hasta el 1º de agosto de 1996. Por ello y al constar que la Sociedad que se ofreció garante real, tenía la libre disposición de sus bienes, eliminada la prohibición estatutaria de los extranjeros por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de cada una de los Sociedades y el momento de apreciar la enajenabilidad de la casa es el del vencimiento de la obligación y no el de la constitución.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2003

domingo, 24 de julio de 2016

Monogamia

“Casarse, en una sociedad en la que el matrimonio es monógamo, reduce la testosterona de los hombres, reduce la probabilidad de que cometan un crimen, incrementa su aversión al riesgo y puede reforzar su capacidad para retrasar la gratificación. En sociedades polígamas, muchos hombres pobres no pueden casarse, porque los hombres de mayor status social atraen a la mayor parte de las mujeres como primera, segunda y tercera esposa, de manera que las tasas de criminalidad de esos hombres pobres y solteros aumentan en lugar de bajar. Además, los hombres casado en sociedades polígamas probablemente no tienen una caida en la testosterona porque, a difrenecia de los hombres casados en sociedades monógamas, todavía están de forma abierta y activa en el mercado de los matrimonios y la testosterona está vinculada a la búsqueda de compañeras románticas femeninas . Esto significa que el matrimonio monógamo puede actuar como una suerte de sistema de supresión de la testosterona en toda la sociedad ” y aumenta la inversión de los hombres en el cuidado de los hijos

Joseph Henrich, The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter

v. también,Janet L Factor Modernity requires monogamy. But will followers of Mohammed accept it? y Sergio Parra, Monogamia o Poligamia ¿qué es más natural?

sábado, 23 de julio de 2016

Las empresas maximizan beneficios, compitiendo en el mercado de productos o compitiendo en el mercado regulatorio

It’s Stigler being right in a big way.

James Bessen

La actividad de captura de rentas (presión sobre los políticos para cambiar – aumentar ) la regulación explica una parte significativa del aumento de los beneficios de las empresas según James Bessen (un tipo curioso. Está en la Law School de la Boston University y, antes, se hizo rico con una empresa que fundó y vendio. Se ve que lo de estudiar tira mucho). Que las empresas vean aumentar sus beneficios por encima de otras rentas es malo por dos motivos. Porque aumenta la desigualdad (se reduce la participación relativa de los salarios en la renta nacional y aumenta la diferencia salarial entre unos y otros sectores si el aumento de beneficios no afecta a todos por igual) y porque el incremento de los beneficios puede indicar que hay poca competencia y, por tanto, una economía estancada. Si todas las empresas ganan más dinero, eso indica que la competencia en ese sector no es suficiente como para arrebatar esos beneficios y trasladarlos a los consumidores.

Las empresas compiten en todos los mercados en los que están presentes movidas por su objetivo de maximizar los beneficios. Si la influencia sobre la legislación les permite obtener beneficios supracompetitivos, invertirán en influencia política. Y, normalmente, lo harán más las empresas que pueden beneficiarse más. Estas son, normalmente, las dominantes en un mercado, ya que pueden crear barreras a la entrada a los newcomers y, de esa forma, prolongar su dominio del mercado y los altos beneficios. Dados los costes de acción colectiva que el lobby tiene (¿por qué voy a pagar a los políticos para que incrementen la regulación si los beneficios de la barrera de entrada se reparten entre todas las empresas que estén en el mercado?), este riesgo es más elevado en mercados oligopolísticos. Y, dice Bessen, que las actividades de lobby se concentran en sectores típicamente oligopolistas: farmacéuticas, químicas, petrolíferas, militar, eléctricas y telecomunicaciones. Y lo que es peor, dice Bessen que el daño para los consumidores no se limita a los mercados en los que esas empresas están presentes, sino que pueden afectar a toda la Economía. Por ejemplo – aduce – que no se haya acabado con las empresas titulares de patentes que no utilizan pero que se dedican a demandar a cualquiera (patent trolls) puede deberse al lobby de las farmacéuticas a favor de un sistema de patentes lo más potente posible.

Aunque podría pensarse que las nuevas regulaciones imponen, normalmente, costes a las empresas, las empresas “querrán” que les impongan tales costes si (i) los pueden trasladar a los consumidores y (ii) elevan los costes de entrada al mercado para nuevos competidores. Esto es plausible si cumplir con la nueva regulación es más costoso, ceteris paribus, para los nuevos entrantes. Por ejemplo, por el tamaño de los que ya están en el mercado – economías de escala – pero, sobre todo, porque los nuevos entrantes sean innovadores que prestan el servicio o producen el bien con un modelo de negocio distinto. Piénsese en la venta por internet y una regulación que exija un establecimiento físico para realizar la actividad. Los efectos de la regulación sobre los beneficios pueden ser más perversos. Especialmente, en el caso de las reglas legales que limitan los precios que se pueden cargar a los consumidores, es muy fácil para los incumbentes sortearlas cambiando la configuración del producto o cobrando por accesorios que antes formaban parte del producto. Bessen pone el caso de la televisión de pago.

El estudio de Bessen indica que, para los Estados Unidos y a partir del año 2000, “la actividad política y la regulación explican una parte sorprendentemente grande del incremento en los beneficios empresariales”. Y, más interesante aún, los mayores beneficios no parecen derivarse, principalmente al menos, del grado de concentración en el mercado ni del poder de mercado resultante, lo que debería indicar a las autoridades de competencia que, en sectores regulados, la herramienta a utilizar debería ser el control de la legislación y de la regulación más que el control de concentraciones.

 

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Reformas de gobierno corporativo

economist-logo[5]

1. Los consejeros deben poder hablar con los ejecutivos – directivos de la empresa – directamente, no exclusivamente a través del Consejero-Delegado.

2. Los consejeros no deben dar directivas a los ejecutivos sobre la cifra de beneficios, porque puede dar lugar a manipulación de las cuentas.

3. El sentido del voto de los accionistas deben decidirlo los accionistas, no las compañías que asesoran sobre el voto o terceros.

4. Las cuentas deben llevarse de acuerdo con los estándares internacionales. Deben evitarse métodos novedosos o propuestos por las propias compañías porque el riesgo de que se utilicen para ocultar pérdidas y magnificar beneficios es muy grande.

5. La retribución de los ejecutivos debe planificarse a largo plazo y preverse la devolución (claw-back) en caso de que se base en beneficios que no se han producido realmente.

viernes, 22 de julio de 2016

Leyendo a Polanyi


polanyi111

Aristóteles dijo, y es cosa verdadera,
que el hombre por dos cosas trabaja: la primera,
por el sustentamiento, y la segunda era
por sonseguir unión con hembra placentera.

“Polanyi was correct in his major contention that the nineteenth century was a unique era in which markets played a more important role than at any other time in history”
“Further significant advance in economic history requires that we succeed in defining and explaining the different allocation systems that have characterised economic organisation in the past five millennia. It was Karl Polanyi’s intuitive genius that he saw the issues”

Fuera del sistema de mercados creadores de precios, el análisis económico pierde casi toda su pertinencia en tanto que método de investigación sobre el mecanismo de la economía 

todas las sociedades conocidas por los antropólogos y
por los historiadores restringían los mercados a las mercancías en sentido
estricto.
Si los llamados
móviles económicos fuesen connaturales al hombre, deberíamos considerar
totalmente innaturales a todas las sociedad primitivas.

El más grande jurista del siglo XIX, hemos dicho en alguna ocasión, es Ihering. Y si hay dos juristas influyentes fuera del ámbito estricto del Derecho en el siglo XX, uno es Hayek (en Filosofía Política y Economía) y el otro, Polanyi (en Antropología Económica y en Ciencia Política. Yber & Konczal sobre la vigencia actual del pensamiento de Polanyi y esta entrada de DeLong que relaciona las concepciones de Polanyi con las de Keynes). Es curioso que ninguno de los dos se estudie de forma significativa en las Facultades de Derecho y, para el que suscribe, es lamentable haber pasado la cincuentena sin haber leído nada de Polanyi. El lamento no es absoluto porque, afortunadamente, lo hemos “leído” y nos ha influido a través de otros autores. No nos cabe duda de que podría organizarse un gran curso para juristas a través del comentario de textos de estos tres grandes del Derecho y, como tales, grandes de las Ciencias Sociales en general. Porque los planteamientos de Hayek y los de Polanyi (como los de Coase) sólo se explican completamente si se tiene en cuenta su formación como juristas (“Polanyi fue discípulo de Gyula Pikler, una eminente autoridad en derecho romano de la Universidad de Budapest…tenía cincuenta años cuando las circunstancias en Inglaterra me llevaron a los estudios sobre historia económicap 27 y 38).

En todo caso, debo advertir que lo que sigue es una entrada muy egoísta y, por ello, supongo que poco entretenida para los lectores del blog.

Karl Polanyi sostuvo en “La gran transformación” y en “El sistema económico como proceso institucionalizado” que los mercados solo organizan las interacciones económicas en una época reciente (desde la Revolución Industrial) y que nunca han determinado la vida y los resultados sociales. En la Historia han prevalecido otras formas de asignación de los recursos en las que los intercambios de mercado han jugado un papel menor porque los mercados, que han hecho rica a la Humanidad, no se adaptan al ser humano conformado por la Evolución y la selección natural, son “cognitively unnatural” para los seres humanos en la feliz expresión de Pinker.

En el trabajo último citado, Polanyi distingue dos sentidos atribuibles al comportamiento económico de los individuos: en sentido sustantivo, hace referencia a la supervivencia y, por tanto, a la dependencia del hombre respecto de la naturaleza y de sus semejantes para lograr ésta, esto es, para “satisfacer sus necesidades materiales”. En sentido formal, lo que se entiende por el comportamiento racional (de los medios en relación con los fines) en un entorno de mercado: maximizar la utilidad mediante el intercambio mediante elecciones de usos alternativos para medios escasos. El comportamiento económico sustantivo – continúa Polanyino viene determinado por la escasez, sino por la supervivencia:
la subsistencia del hombre puede imponer o no una elección y si hay elección esta no está obligatoriamente determinada por el efecto limitativo de la “escasez” de los medios; de hecho, algunas de las condiciones físicas y sociales más importantes para vivir, tales como tener aire, agua, o el amor de una madre por su hijo, no son en general tan limitadas…
Pero, una vez que los mercados – creadores de precios – se generalizan, se generalizan también los comportamientos formalmente económicos, esto es, las elecciones basadas en el uso alternativo de medios escasos o de maximización.  Si suponemos – como hace la Economía neoclásica – que los individuos sólo actúan en entornos de mercados competitivos, su comportamiento sólo puede racionalizarse según el modelo del homo oeconomicus. Pero este análisis no es aceptable para las economías de subsistencia, donde sólo el sentido sustantivo puede explicar el comportamiento económico humano, esto es, “la provisión continuada de los medios materiales que permiten la satisfacción de las necesidades” y garantizan la subsistencia. 

Esta concepción de Polanyi reduce el papel del homo oeconomicus al modelo de comportamiento útil en entornos sociales caracterizados por los rasgos que definen un mercado competitivo, esto es, donde los precios cumplen la función de permitir la asignación eficiente de los recursos escasos maximizando la utilidad individual que los participantes extraen de éstos. De forma que los distintos modos de interacción (reflejados en el cuadro reproducido más abajo) se producen en un marco de relaciones sociales distinto. Las interacciones que determinan los procesos de producción y circulación de los bienes en el seno de los grupos y entre grupos no son transacciones de mercado ni, por tanto, responden a la lógica del intercambio guiado por el sistema de precios. La lógica de estas interacciones económicas (“trades” por posición a “market exchanges”) es la de reciprocidad (directa e indirecta) y redistribución (cuando existe un nexo jerárquico en el seno de un grupo, esto es, una autoridad central que distribuye entre los miembros del grupo) de los bienes y factores de la producción.

Las interacciones económicas son, en Polanyi, de tres tipos: intercambio de regalos (gift trade), intercambios administrados e intercambios de mercado. En cierto momento de la Historia, se equiparó el concepto de intercambio con el de intercambio de mercado, dice Polanyi y añade que la conducta economicista (maximizadora) no sirve para explicar el comportamiento de los individuos en las sociedades tradicionales, hay que utilizar conceptos como el de reciprocidad y redistribución y considerar que el objetivo que mueve a los individuos no es un cálculo racional basado en las exigencias de la escasez, sino la satisfacción de las necesidades materiales y sociales de la mejor manera posible.
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Organizaciones simétricas, estructuras centralizadas y sistemas de mercado

Continúa Polanyi explicando que estos tres conceptos no son idénticos a los tres, más simples, que resultarían de pensar en la conducta individual. Estos tres, más simples, serían la reciprocidad resultante de la ayuda mutua entre los miembros de un grupo; el reparto resultante de que hay redistribución entre los miembros del grupo y el mercado que resultaría de que los miembros de un grupo recurrieran con frecuencia al trueque. Polanyi piensa en los grupos humanos como unidades de análisis porque piensa en términos causales: las conductas individuales sólo adquieren significado e importancia económica. en el sentido de producir resultados sociales, en un marco de referencia en el que éstas tienen lugar.
“un simple comportamiento de reciprocidad a nivel personal no podría dar origen a un sistema de parentesco – de tribus -.  Lo mismo concierne a la redistribución. La redistribución presupone la presencia de un centro de atribución en la comunidad. Sin embargo la organización y la determinación de este centro no advienen simplemente como consecuencia de frecuentes actos de reparto tales como los que se producen entre individuos. Finalmente se puede decir lo mismo del sistema mercantil. Los actos de intercambio a nivel personal no crean precios más que si tienen lugar en un sistema de mercados creadores de precios, estructura institucional que en ningún caso es generada por simples actos fortuitos de intercambio”

Reciprocidad

La reciprocidad – dice Polanyi – afecta a la “organización sexual de la sociedad, esto es, a las relaciones familiares y entre parientes”, mientras que la redistribución es efectiva respecto de todos aquellos que “viven bajo un jefe común y, tiene, por tanto, carácter territorial”. Esta es la descripción de reciprocidad que dan los antropólogos (Harris)

Donantes y donatarios deben reconocerse recíprocamente como iguales, esto es, ha de existir simetría entre ambos, entendiendo por “ambos”, no los individuos, sino los grupos a los que pertenecen esos individuos (grupos, normalmente, de personas vinculadas entre sí por relaciones de parentesco), dando así entrada a la reciprocidad indirecta (A, que pertenece al grupo 1 dona a X, que pertenece al grupo 2 y X dona a B que pertenece al grupo 1 que dona a Y que pertenece al grupo 2). Aunque no vemos por qué no puede extenderse el razonamiento a los regalos en el seno de un grupo si el grupo es, como sucedía en las sociedades primitivas, igualitario y se afirma (Boyd & Richerdson) que la reciprocidad indirecta es efectiva en el seno de los grupos cerrados y de pequeño tamaño en los que los miembros se relacionan entre sí frecuentemente. Nowak & Sigmund “un donante ayudará a un donatario si es probable que el donatario ayude a otros, lo que significa, frecuentemente, que el donatario ha ayudado a otros en el pasado. En tal caso, es valioso publicitar la cooperación, en la medida en que el acto altruista se compensa por un aumento de las posibilidades de devenir beneficiario-donatario de un acto altruista en el futuro”.

La justificación es que entre los miembros de una tribu no hay intercambios, los intercambios se llevan a cabo entre tribus, de manera que no hay suficientes interacciones (“su tendencia a multiplicar los comportamientos de reciprocidad en lo concerniente a relaciones específicas limitadas en el espacio, el tiempo o de otro modo”) sería insuficiente como para que se produzcan, como decíamos, resultados sociales relevantes. De modo que solo si la conducta recíproca se lleva a cabo entre grupos organizados y simétricos aparecerán instituciones económicas de importancia.

Redistribución

La posibilidad de redistribución, esto es, que un determinado bien (alimentos cazados, por ejemplo) se reparta entre los individuos que forman el grupo, presupone la existencia de un “centro”, es decir, de un sujeto o institución encargado de asignar tales bienes entre los miembros y, por lo tanto, de una jerarquización y de cierta división del trabajo.

La redistribución se combina con la reciprocidad porque la primera refuerza la segunda y, eventualmente, los intercambios si se asignan las tareas por turnos, por ejemplo del primer caso y si se quiere favorecer al amigo que carece de un bien que necesita para sobrevivir.

La redistribución era el sistema de cobertura de riesgos para la supervivencia propio de todos los sistemas económicos preindustriales.

Mercados

Por el contrario,
“los intercambios de mercado son diferentes de otros modos transaccionales en cuanto no son expresión de ningún principio u obligación social: un intercambio de mercado está desconectado de cualquier matriz social porque es, intrínsecamente, expresión de una lógica formalista”.
Dice Polanyi que sólo podemos hablar de un sistema de mercado si los bienes se intercambian a precios que, a su vez, influyen en otros intercambios. Si los precios están fijados por un tercero distinto de las partes del intercambio, no estamos en un entorno de mercado. Es decir, que lo decisivo es cómo se forman los precios de las transacciones. Polanyi tiene una concepción dinámica de los mercados como mecanismos sociales generadores de precios, no una concepción estática basada en la suposición de competencia perfecta. No estamos ante un sistema de mercado si las partes del intercambio no determinan por sí el precio del intercambio, determinación en la cual, cada una de las partes tenderá “a establecer un precio que sea tan favorable como sea posible” para sí. Cuando el precio, por el contrario, está fijado por un tercero, no se inducen comportamientos egoístas y maximizadores en los individuos. 
El intercambio a precios fijos no implica nada más que la ganancia de cada uno de los participantes sobreentendida en la decisión de intercambiar; el intercambio a precios fluctuantes tiende a una ganancia que no puede obtenerse más que por una actitud implicando una relación netamente antagonista entre los participantes.
Obsérvese que, cuando los mercados son muy competitivos, la actitud “mercantil” de las partes de un intercambio resulta inútil. Los que intercambian sólo podrán hacerlo al precio de mercado, que deviene el precio “justo”. Se entiende así, por ejemplo, la importancia que la idea del precio justo tuvo en la era preindustrial y su absoluta irrelevancia en las sociedades de mercado contemporáneas. Pero Polanyi añade que, en economías de subsistencia, que los precios de los intercambios se determinaran por las partes – endógenamente, dirían hoy los economistasacabaría con la disolución de la Sociedad. ¿Se les ocurre una mejor explicación de la prohibición de la usura? ¿O de que el principal sentido de la ultrasocialidad de los humanos es, precisamente, reducir el riesgo de perecer en un entorno arriesgado?
Por atenuado que sea, el elemento de antagonismo que acompaña esta variante del intercambio es inevitable. Ninguna comunidad cuidadosa de proteger el fondo de solidaridad existente entre sus miembros puede tolerar que una hostilidad latente se desarrolle en torno de una cuestión tan vital para la existencia física y luego capaz de suscitar inquietudes tan vivas como las que causa la alimentación. Es por ello que las transacciones lucrativas concernientes a los víveres y productos alimenticios han sido universalmente desterradas en la sociedad primitiva y la sociedad arcaica. La prohibición muy extendida que pesa sobre el regateo de los alimentos explica que los mercados creadores de precios no hayan jamás existido en las instituciones antiguas.
Sólo cuando la asignación de los factores de la producción (fundamentalmente mano de obra y tierra hasta tiempos muy recientes) corresponde a los intercambios porque los factores de la producción se venden y se compran aparece la economía de mercado
Se puede determinar la época en la que el mercado llegó a ser una fuerza soberana en la economía, notando en que medida la tierra y la alimentación eran movilizadas por el intercambio, y en que medida la mano de obra devenía una mercancía que se podía comprar libremente en el mercado

Las mercancías como objeto de intercambio en los mercados y la mercantilización de la conducta humana

Y, en uno de sus últimos artículos,
El paso esencial fue el siguiente: el trabajo y la tierra fueron transformados en mercancías, es decir fueron tratados como si hubiesen sido producidos para ser vendidos. No obstante, se trató de la ficción más eficaz jamás imaginada. Adquiriendo y vendiendo libremente el trabajo y la tierra, se logró aplicarles el mecanismo del mercado. Ahora había oferta y demanda de trabajo, oferta y demanda de tierra. En consecuencia, había un precio de mercado, llamado salario, para el uso de la fuerza de trabajo y un precio de mercado, llamado renta, para el uso de la tierra. El trabajo y la tierra tenían mercados propios, en forma análoga a las verdaderas mercancías, que se producían con su contribución. Se puede entender todo el alcance de ese paso si se recuerda que "trabajo" no es más que un sinónimo de "hombre" y "tierra" no es más que un sinónimo de "naturaleza". La ficción de la mercancía ha sometido el destino del hombre y de la naturaleza al juego de un autómata que se mueve por sus propias normas y se rige por sus propias leyes.
Analíticamente, esta afirmación tiene cierto interés porque permite analizar las transacciones sobre el trabajo y la tierra en los términos que cualquier bien mueble, es decir, bajo el paradigma de la conducta racional, del homo oeconomicus. Los mercados de trabajo se analizarán entonces por comparación con el mercado de competencia perfecta y en términos de fallos del mercado o sesgos de los individuos que venden y compran la fuerza de trabajo como mercancía. En otro lugar, hemos dicho, avant la lettre que el contrato de trabajo debería analizarse en términos de producción en común y no concebirse como un contrato de intercambio de fuerza de trabajo por dinero, lo que es una prueba más de la utilidad analítica de las concepciones de Polanyi. O, por ejemplo, el hecho constatado de que la Revolución Industrial tardó más de cincuenta años en aumentar significativamente los ingresos de los más pobres.

En fin, aunque nadie niega la influencia de Marx en Polanyi, es más bien, una afirmación evolucionista, lo que queda demostrado en los siguientes pasos de ese trabajo en los que Polanyi niega que esté en la naturaleza humana cualquier instinto maximizador (“En realidad, el hombre jamás fue tan egoísta como querría esta teoría; aunque el mecanismo de mercado haya traído a escena su dependencia de los bienes materiales, sus móviles "económicos" jamás han constituido su único incentivo para trabajar”) y explica, adelantándose a los estudios antropológicos más modernos pero, al mismo tiempo, de la mano de Aristóteles o Adam Smith, que la ultrasocialidad humana deriva de las garantías que el grupo ofrece a la supervivencia individual en un entorno arriesgado y en el que los humanos viven en el margen de la subsistencia. Estas concepciones están hoy extendidas entre los que estudian la racionalidad humana (“Fue casi imposible evitar la conclusión errónea de que, así como el hombre "económico" era el hombre "real", así el sistema económico era "realmente" la sociedad”).

Analiza, a continuación la relación entre

Comercio, moneda y mercado

Llama comercio a lo que hoy llamaríamos un negocio de intercambio o un trato. Moneda al medio de intercambio (dice, como Alchian, “indirecto”, esto es, el uso de moneda multiplica las transacciones en relación con una permuta o trueque pero reduce los costes de transacción al añadirse un tertium – la moneda – que elimina la necesidad de encontrar, para proceder al intercambio, a quien posea lo que cada una de las partes desea obtener) y mercado al entorno institucional en el que los intercambios tienen lugar y que proporciona a las partes el precio. Pero, no nos equivoquemos, dice Polanyi (y North lo resalta)
Naturalmente se llega a ver mercados donde no existen y a ignorar el comercio y la moneda cuando existen por el hecho de la ausencia de los mercados.
En cuanto al comercio, Polanyi lo asimila al intercambio pacífico con miembros de otros grupos (“Es una actividad exterior al grupo”). No se comercia con los miembros del mismo grupo. Y es una actividad colectiva en las sociedades preindustriales: se realiza por el rey o por la comunidad de comerciantes con otro rey u otra comunidad de comerciantes en nombre del grupo. Polanyi también se da cuenta de que, en la época preindustrial, el comercio es, sobre todo, comercio internacional y a larga distancia. (“La “societas” romana, como más tarde la commenda, era una asociación comercial limitada a una sola empresa”).

La crítica de McCloskey

Las afirmaciones históricas de Polanyi son muy dudosas y han sido criticadas por historiadores de la Economía, algunas veces convirtiendo la exposición de Polanyi en un mamarracho. como hace McCloskey, p 125 acusándole de “to think of the market as something new, born in 1795” y suponiendo que la racionalidad humana es maximizadora en lugar de movida por la supervivencia y acumulando ejemplos desde Mesopotamia a los grandes industrialistas norteamericanos como si hubiera algo significativo en común entre ambos. La simple referencia a la Compañía de las Indias inglesa es suficiente para derrotar la crítica de McCloskey: ¿cómo sabía Catón el viejo si estaba obteniendo beneficios con sus olivos o estaba a pérdida sin precios de mercado para todos sus insumos –factores de la producción y no sólo para su producción? McCloskey, además, pretende argumentar la extensión de los mercados porque existieran precios para algunos productos en las economías preindustriales (sobre el "mercado" de la obsidiana en Mesopotamia y sobre la gran cantidad de piezas de arcilla encontradas en Mesopotamia que contabilizaban créditos), lo que supone caer en el error del que acusa a Polanyi. Peor, porque cuando da la razón a Polanyi, lo hace justo desde la perspectiva incorrecta.

Examinar las Economías preindustriales desde el prisma del modelo de equilibrio general y sus características como fallos o insuficiencias de los mercados realmente existentes en esas épocas (“Coase and Polanyi differ only in what they want done: Coase wants more markets, Polanyi less”) es un error. Precisamente, lo que Polanyi aporta es una forma de evitar el sesgo retrospectivo, que es el mayor pecado de un historiador: explicar el pasado como si fuera el presente solo que en una versión menos sofisticada y las relaciones económicas del mundo antiguo como mercados “imperfectos” (“how close to a perfect market economy does an actual economy have to be before the long-run considerations are to this or that degree amissible? How much of a self-regulating market needs to exist before we can assume approximately the functioning of market laws”?). Compárese con las precavidas afirmaciones de Arruñada en relación con la extensión de los mercados en Roma.

Como dice Blith,
What Polanyi was suggesting was that it is not the presence of markets in goods that matters, but the presence of relatively complete markets in factors that make a market society”.
Entre la descripción de la racionalidad humana de Adam Smith (la tendencia de los seres humanos a intercambiar, aunque en Smith no sea sólo descriptiva sino analítica para explicar la relación entre división del trabajo y el tamaño del mercado) y la de Polanyi, no tenemos duda de que los estudiosos de la evolución cultural y genética, los psicólogos sociales y los antropólogos están mucho más cerca de Polanyi que de Smith. McCloskey está con los psicólogos económicos (behavioural economics) que aplican la doctrina de los fallos de mercado a la racionalidad de los individuos en lugar de partir de la racionalidad humana tal-como-es, es decir, conformada por la supervivencia del individuo y no por la maximización de su utilidad. Que los mismos incentivos y regularidades estén presentes en la Roma del siglo II y en la Nueva York del siglo XXI no permite predecir resultados sin tener en cuenta las estructuras sociales, culturales, tecnológicas y, por supuesto, físicas que no pueden ser más diferentes en uno y otro tiempo y lugar.

Y, lo que roza la indecencia es menospreciar a Polanyi porque no era “especialista” y describirlo como un “economic journalist turned historian”. Bueno, Deirdre, Karl era doctor en Derecho y llegó a la Historia Económica, como hemos dicho, con más de 50 años. En otro artículo con coautor, McCloskey se muestra más comedida pero no menos equivocada.

Polanyi, habla más bien en términos de modelos que descripciones detalladas de la realidad pasada. Lo que dice, por ejemplo, del ánimo de lucro de los comerciantes en la “era arcaica” no es aplicable, ni de lejos, a los comerciantes de los siglos XIII en adelante. Como tampoco lo es la ausencia de precios de mercado – determinados mediante “regateo” que influía en los precios de otras transacciones – en la Edad Moderna, aunque deban recordarse las discusiones de los teólogos y juristas de estos siglos sobre el precio justo. Pero en su exposición, distingue finalmente unas épocas de otras bajo los términos de comercio de dones (aunque la Economía de la donación tenga más que ver con la de los intercambios que con el ánimo de liberalidad), comercio de gestión (donde no son las decisiones individuales las que determinan los resultados) y comercio de mercado y, creemos, incluye la época del Mercantilismo en este último modelo.

Es posible, como insiste Pseudoerasmus, que la Revolución Industrial se hubiera llegado a producir en la Holanda del siglo XVII si no se hubiera frustrado por no sabemos qué razones. No hay duda de que Holanda era una sociedad capitalista y que el mercantilismo (la Edad Moderna) presente muchos rasgos institucionales perfectamente homogéneos con las economías contemporáneas. Pero, en todo caso, la “comoditización” (la conversión de los factores de la producción – tierra, trabajo y capital – en una mercancía no producida pero destinada a ser vendida) a gran escala y mayoritariamente en lo que a las relaciones sociales se refiere, no se consuma hasta el siglo XIX. Así lo dice Polanyi en este trabajo posterior
Los mercados aparecen en todo tipo de sociedad humana y la figura del mercader es familiar a muchas civilizaciones. Pero los mercados aislados no se sueldan en un sistema económico. La ganancia motivaba a los mercaderes, como el valor a los caballeros, la piedad a los sacerdotes y el amor propio a los artesanos. La idea de universalizar el móvil de la ganancia jamás pasó por la cabeza de nuestros antepasados. Antes del segundo cuarto del siglo diecinueve, los mercados jamás fueron más que un elemento subordinado de la sociedad.
North lo entendió mucho mejor (y su proyecto de explicar la asignación de los recursos en el mundo preindustrial en términos de costes de transacción se ha revelado mucho más exitoso) cuando reconoce que “mercados generadores de precio no han dominado nunca de forma completa las decisiones económicas, ni siquiera en el siglo XIX”.

Y tiene razón Polanyi (recuérdese que estudió Derecho Romano) en que, en el mundo antiguo, la adquisición de bienes verdaderamente genuina en el mundo preindustrial es la que resulta de la ocupación y de la conquista, (lo que se corresponde mejor con la idea de que los humanos cooperaban intragrupo y competían con otros grupos, una idea hoy generalmente aceptada por los estudiosos de la evolución humana) jugando el comercio un papel marginal y los intercambios voluntarios y pacíficos la forma de distribuir los bienes adquiridos mediante la ocupación y la conquista entre los miembros del grupo. Sin una producción industrial y con una enorme fracción de los bienes necesarios para el sustento de la población en régimen de autoproducción (en el seno de la familia o del grupo asentado en un territorio) es difícil hablar de generalización de los mercados que nos llevaría a calificar de capitalistas a esas sociedades y aplicar la “conducta maximizadora” al análisis de las mismas. North lo ha explicado en términos de ausencia de propiedad privada individual perfectamente definida sobre los bienes como presupuesto de la existencia de mercados que puedan generar precios.

En todo caso, Polanyi no deja de hacer afirmaciones iluminadoras,
Lo que la naturaleza diferencia, el mercado lo homogeneiza. Incluso la diferencia que existe entre los bienes y su transporte puede desaparecer ya que es posible comprarlos y venderlos en el mercado: los primeros en el mercado de los productos, el segundo en el mercado del flete y de los seguros
En otro trabajo (apartado 10) hemos explicado cómo el condominio naval es la forma prevalente de acceder a los medios de transporte por parte de los comerciantes. Cuando el mercado se desarrolla, el condominio naval se convierte en una figura marginal y se sustituye, como dice Polanyi, por los fletes y los seguros.

Lo que dice de la moneda y los precios se recoge y amplía en el libro de Graeber.Lo que dice respecto de cómo se crea la abstracción de la “oferta” y la “demanda” tiene interés (recuérdese los ciclos del consumo y del capitalista: Mercancía-Dinero-Mercancía vs. Dinero-Mercancía-Dinero’ – Paz-Ares lo utilizó para explicar ¡la distinción entre la compraventa civil y la mercantil!)
“la oferta y la demanda” aparecían inseparables como hermanos siameses, mientras que en realidad constituían grupos distintos de personas según que dispusiesen de bienes en tanto recursos o los buscaran en tanto que bienes necesarios (o sea, para consumir)” 

Coda

Uno no puede evitar pensar que, una vez más, tiene razón Rodrik cuando considera el peor defecto de la Economía como Ciencia Social su escaso aprecio por las aportaciones de otras Ciencias Sociales, que – se nos ocurre – es un problema más cutre que ese. Es, simplemente, que los economistas cultos se cuentan con los dedos de la mano. . Si, además, insistimos en que sean matemáticos avanzados, estaremos distorsionando aún más, sus incentivos para convertirse en personas cultas y, con ello, productivas como economistas. De los juristas no hablamos porque, a diferencia de los economistas, ni siquiera han aprendido matemáticas No creemos que sea excluyente para comprender mejor la realidad social ‘the sophisticated model-building skills of the economist’ (Cook, 1966), sobre todo para analizar las interacciones humanas en las que la racionalidad producto de la Evolución pesan mucho más que la racionalidad maximizadora de la utilidad. Sin duda, esta es la tendencia en las Ciencias Sociales que, con más razón, ha reivindicado a Polanyi. Polanyi se quejaba de la dispersión de sus intereses que, creía, le hacía poco productivo (“Ich bin zu viel Polyphon: deswegen fertig nichts”, p 35) pero lo habríamos olvidado si se hubiera concentrado en un pequeño saber, sobre todo, en un siglo tan convulso como el que le tocó vivir.

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El cuadro de esta entrada y la ocasión para leer a Polanyi nos los han proporcionado Giuseppe Danese y Luigi Mittone, (Reciprocity, Exchange and Redistribution. An experimental investigation inspired by Karl Polanyi’s The Economy as Instituted Process CEEL Working Paper 3-08). Los autores realizan un experimento para comprobar el grado de eficiencia asignativa que se logra a través de donaciones entre los distintos participantes en el experimento en comparación con los resultados que se obtienen en los intercambios de mercado. Los autores concluyen que si diseñamos un experimento que los participantes conciban como un juego de intercambio de regalos, deberíamos observar altos niveles de eficiencia asignativa (esto es, que los recursos pasan, por esta vía, de donde tienen menos valor a donde tienen más valor, midiéndose el valor por las preferencias de los individuos que participan, exactamente igual que consiguen los intercambios de mercado mediante los contratos voluntarios) pero “si el juego se juega sin ningún tipo de simetría inducida, su nivel de eficiencia asignativa es muy modesto, lo que es una confirmación notable de la literatura antropológica, especialmente, de la noción de simetría de Polanyi así como de la descripción de Mauss del intercambio de regalos como un hecho social <<total>>”

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